Una actividad académica asignada a estudiantes de primaria del Instituto Técnico María Inmaculada, en Villa del Rosario, Norte de Santander, generó preocupación entre algunos padres de familia y llevó a las autoridades educativas a solicitar explicaciones a la institución.
La controversia surgió después de que comenzaran a circular en redes sociales fotografías de una guía entregada a estudiantes de cuarto y quinto de primaria en la sede Policarpa Salavarrieta. En el material aparece una pregunta relacionada con las insignias de las antiguas Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), acompañada de una actividad en la que los alumnos debían reproducir sus símbolos.
Según las imágenes divulgadas, el ejercicio hacía parte de una guía que también incluía contenidos relacionados con acontecimientos históricos de Colombia. Sin embargo, algunos padres cuestionaron que menores de primaria tuvieran que dibujar las banderas o insignias de organizaciones armadas como parte de una tarea escolar.
La situación fue llevada ante las directivas del colegio y posteriormente llegó a conocimiento de la Secretaría de Educación de Norte de Santander. La entidad solicitó un informe formal al establecimiento educativo con el propósito de conocer las circunstancias en las que fue elaborada y entregada la actividad.
La secretaria encargada de Educación departamental, Hilse Aldana Pérez, indicó que se espera recibir la información correspondiente antes de adoptar una posición definitiva. La dependencia también recordó que los establecimientos educativos deben garantizar ambientes seguros para niños, niñas y adolescentes.
El rector de la institución, Reinel Robayo, confirmó que el colegio adelanta una revisión interna para establecer qué ocurrió y cuál era el propósito pedagógico de la actividad. Mientras se desarrolla este proceso, la docente señalada continúa realizando sus labores académicas.
La polémica también se extendió a las familias. Algunos padres manifestaron preocupación por el impacto que la situación ha tenido en sus hijos y aseguraron que varios estudiantes tendrían temor de regresar al colegio. Además, algunas familias afirmaron haber recibido amenazas después de expresar públicamente su inconformidad, aunque las autoridades aún deben establecer las circunstancias de esas denuncias.
Ante el ambiente generado por el caso, representantes de la institución educativa y autoridades municipales preparan una reunión con los padres de familia para escuchar sus inquietudes y analizar las medidas que puedan adoptarse.
El Centro Nacional de Memoria Histórica también se pronunció sobre la controversia. La entidad señaló que abordar el conflicto armado colombiano en las aulas es importante para comprender la historia del país, pero destacó la necesidad de que estos procesos se desarrollen desde una perspectiva de memoria histórica y de reconocimiento de las víctimas, teniendo en cuenta la edad de los estudiantes.
Por ahora, las autoridades educativas no han establecido si la actividad incumplió alguna norma o lineamiento académico. La Secretaría de Educación espera conocer los descargos de la docente y el informe de la institución antes de determinar las actuaciones que correspondan.
El caso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la manera en que las instituciones educativas deben abordar temas relacionados con el conflicto armado, los grupos ilegales y la memoria histórica, especialmente cuando se trata de estudiantes de corta edad. La investigación permitirá establecer cuál era el objetivo de la actividad y si su desarrollo se ajustó a los criterios pedagógicos establecidos.
