El gobierno de Abelardo De La Espriella estaría preparando una nueva estrategia de seguridad enfocada en golpear las estructuras criminales dedicadas a la extorsión y reducir su capacidad de operación.
La propuesta contempla utilizar el control marítimo como una herramienta para dificultar los movimientos y las actividades de los principales responsables de estas organizaciones. La intención sería cerrar espacios de movilidad y limitar el acceso de los grupos criminales a rutas utilizadas para sus operaciones.
De acuerdo con la información conocida, la estrategia busca concentrar esfuerzos en los cabecillas y en las redes que sostienen económicamente a las organizaciones dedicadas a la extorsión, en lugar de limitar las acciones a operativos contra integrantes de menor rango.
El plan hace parte de una política de seguridad que pretende fortalecer la presencia del Estado y aumentar la presión sobre las estructuras criminales que afectan a comunidades y sectores productivos mediante amenazas y cobros ilegales.
Las autoridades deberán definir los detalles de la estrategia y los mecanismos que permitirán ponerla en marcha, mientras crece la expectativa sobre el alcance que tendrán las nuevas medidas contra los grandes responsables de la extorsión en el país.
