El cabildante cuestionó los retrasos en las acciones para avanzar en la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y anunció que acudirá ante las autoridades para que se determine si hubo un eventual incumplimiento de decisiones judiciales.
Durante un debate de control político, el concejal de gobierno de Ipiales, Edmar Rosero, anunció una denuncia penal contra el alcalde de Cumbal por un presunto incumplimiento de obligaciones relacionadas con el saneamiento ambiental.
En la jornada participaron representantes de Corponariño, el IDSN y el Invima, quienes expusieron aspectos relacionados con la situación ambiental y sanitaria. La controversia se concentra en las actuaciones pendientes para avanzar en la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
Rosero cuestionó las demoras en los procesos administrativos, técnicos, presupuestales y contractuales necesarios para sacar adelante el proyecto. El concejal señaló que acudirá ante las autoridades competentes para establecer si las actuaciones del mandatario local podrían configurar alguna conducta penal.
Denuncia
Rosero indicó que la situación podría ser analizada bajo el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de policía, contemplado en el artículo 454 del Código Penal.
“No puede ser que nosotros nos compadezcamos por la economía del municipio de Cumbal, pero Cumbal hacia acá no se compadece por el tema ambiental”, afirmó durante el debate. La eventual denuncia busca establecer si existió un incumplimiento deliberado de decisiones de obligatorio cumplimiento o si las demoras obedecieron a razones administrativas, presupuestales o contractuales.
El cabildante insistió en que las dificultades económicas no deberían convertirse en una justificación para aplazar indefinidamente las acciones contra la contaminación. También planteó la necesidad de que la administración municipal establezca una ruta concreta para avanzar en las diferentes etapas de la PTAR.
Saneamiento
La construcción de la PTAR se mantiene como uno de los principales puntos de discusión por su importancia para el tratamiento de aguas residuales y la protección de las fuentes hídricas.
Según lo expuesto, las actuaciones pendientes involucran componentes administrativos, técnicos y presupuestales que deben ser definidos por la administración de Cumbal.
Rosero advirtió que la prolongación de estas dificultades podría generar impactos ambientales y sanitarios para el municipio. El concejal sostuvo que la problemática trasciende las diferencias políticas y requiere decisiones concretas de las autoridades responsables.
El anuncio de la denuncia abre un escenario jurídico en el que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar si existieron responsabilidades penales o administrativas. También deberán establecer si las decisiones judiciales fueron incumplidas y quiénes podrían responder por los hechos.
La acción anunciada busca que se revisen las actuaciones adelantadas por la administración municipal frente a sus obligaciones de saneamiento ambiental. El debate volvió a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en soluciones estructurales para el manejo de las aguas residuales.
Rosero manifestó que la protección de los recursos naturales debe mantenerse como una prioridad, pese a las dificultades presupuestales de las entidades territoriales. Ahora se espera que las autoridades analicen los argumentos que serán presentados en la denuncia.
La administración municipal de Cumbal tendrá la oportunidad de explicar las razones de las demoras y las acciones adelantadas frente al proyecto. El caso refleja los retos que enfrentan los municipios de Nariño para garantizar sistemas adecuados de saneamiento básico.
Mientras avanza el proceso anunciado por Rosero, la construcción de la PTAR continúa como una de las principales expectativas para atender la problemática ambiental. La eventual investigación deberá determinar si existió incumplimiento de las decisiones judiciales y si las circunstancias del proyecto tienen justificación administrativa o presupuestal. Por ahora, el concejal confirmó que acudirá ante las autoridades para que estas determinen si existen méritos para iniciar las actuaciones correspondientes.
El anuncio se produjo en una jornada de control político donde el componente ambiental ocupó un lugar central. La controversia deja abierta una discusión sobre responsabilidades institucionales, protección ambiental y cumplimiento de decisiones de obligatorio acatamiento. La prioridad, según lo planteado, será definir una ruta que permita avanzar en el saneamiento y reducir el impacto de las aguas residuales sobre las fuentes hídricas.
Edmar Rosero, concejal.
