Expectativa por cambios en el proceso electoral

Expectativa hay en Nariño, por el debate que se prepara en el Congreso, de una ley que busca hacerle grandes cambios al proceso electoral.

Cunde la expectativa en el departamento de Nariño ante los cambios que se están anunciando para los próximos procesos electorales. Al respecto, el Congreso de la República se apresta a iniciar el debate en torno al proyecto de la Reforma Política, que ya fue radicado por el Gobierno Nacional.

Expectativa se vive en estos momentos en Nariño, con motivo del debate que se prepara en el Congreso de la República, el cual, mediante una ley de reforma política, busca hacerle grandes cambios al proceso electoral colombiano.
Para tal efecto, el Gobierno radicó un proyecto de acto legislativo, el que comprende varios puntos nuevos que en caso de ser aprobados representarán novedades de importancia en lo que tiene que ver con los candidatos y la manera de votar de los colombianos. En ese sentido, se indicó que ya se encuentra lista la ponencia para darle inició al primer debate, que tendrá como escenario la Comisión Primera del Senado.
Al respecto, el delegado departamental de Nariño de la la Registraduría Nacional del Estado Civil, Jaime Santander, señaló que naturalmente como autoridades electorales, hay expectativa por los cambios que en un momento dado se puedan presentar en los próximos comicios.
En ese sentido se recuerda que las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el país serán las de autoridades regionales (gobernadores, alcaldes, diputados y concejales).
Este proceso electoral se realizará el domingo 29 de octubre del próximo año, campaña que ya se comienza a vivir con intensidad en varias zonas del país, en especial en el departamento de Nariño, pero aún no se ha establecido si la aprobación por parte del Congreso, de algunos de los cambios, alcanzarán a estar en vigencia para los mencionados comicios, lo que parece poco probable.
La iniciativa, como quedó, busca en primer lugar que “las sanciones que limiten los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular solo puedan ser impuestas por sentencia ejecutoriada proferida por el juez competente”.
Es decir, casos como el del año pasado en donde la Procuraduría suspendió al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación política, no se repetirían, sino que la decisión la tomaría un juez.
Voto obligatorio
En cuanto a las elecciones, el voto sería obligatorio en todo el país durante los primeros dos periodos de elección constitucional siguientes a la eventual promulgación de este acto legislativo.
Es así como si entra en vigencia en el 2024, las elecciones legislativas y presidenciales del 2026 tendrían esta obligatoriedad. El motivo que plantean los ponentes es “el fortalecimiento del sistema democrático a través de la cultura ciudadana de participación política y electoral”.
Tal obligación, sin embargo, no afectaría que “el Estado garantice la objeción al cumplimiento del sufragio electoral de los ciudadanos que libre y legítimamente así lo manifiesten”. Es decir, quien exprese su intención de no votar, podrá no hacerlo.
Para esto, “la organización electoral definirá el mecanismo, términos y plazos que implementará la Registraduría Nacional para el registro y control de los ciudadanos que deseen abstenerse de ejercer el voto, siempre y cuando su decisión sea libremente informada, de manera previa a cada jornada electoral”.
¿Sistema electrónico?

La reforma que se propone en estos momentos también habla de la posibilidad de implementar el voto electrónico, que busca agilidad y transparencia en todas las votaciones. Sin embargo, las autoridades electorales explicaron, que esta iniciativa, dependerá de la aprobación que se le dé al nuevo Código Electoral, proceso que viene impulsando el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, tema que también será discutido en el Congreso de la República.

Proceso electoral

En lo que tiene que ver con las listas cerradas, aunque la idea inicial del Gobierno era establecer de manera permanente que las listas para corporaciones públicas fueran cerradas, se acordó finalmente que “los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos integrarán de forma exclusiva listas únicas cerradas y bloqueadas durante los dos primeros periodos de elección constitucional siguientes a la promulgación del presente Acto Legislativo”. A partir del tercer periodo sería opcional.
Paridad de género

En lo referente a la paridad de género, lo cual comprende que listas sean 50% hombres y 50% mujeres, se precisa que “para los efectos de la conformación de listas cerradas a las que se refiere el presente artículo, la regla de paridad de género y alternancia, se cumplirá de acuerdo al género con el que manifiesten identificarse los candidatos a inscribirse dentro de cada partido, movimiento político y grupo significativo de ciudadanos”.

Debate contra dineros ilegales

El tema de la financiación estatal de las campañas es otro de los puntos clave de este texto, artículo que pretende frenar que dineros ilegales lleguen a las distintas candidaturas.
“Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con Personería Jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas de manera anticipada a la contienda electoral, preponderantemente con recursos estatales y aportes privados. Dichos recursos integrarán el Fondo de Financiación de Campañas y Partidos Políticos”.
Transporte gratuito
En concordancia, ese mismo artículo que crea el fondo de financiación también establecería que en día de elecciones el Estado deberá garantizar que el servicio de transporte público sea gratuito en todo el territorio nacional. Esto para contrarrestar que, como es habitual en algunas zonas del país, campañas paguen los vehículos para que las personas vayan a votar.

De congresistas a ministros


Igualmente, en la reforma política que empezará a analizar el Congreso de la República, se mantiene uno de los objetivos primordiales del nuevo Gobierno, que es la de permitir que los congresistas puedan renunciar a su curul para, ahí mismo, pasar a ser ministros de gabinete.
“Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior, excepto para el desempeño de cargo o empleo público, caso en el cual solo deberá mediar la renuncia”, expresa la ponencia.

Límites a los partidos

También se mantiene en firme el límite a los periodos para ser congresistas. “Nadie podrá ser elegido para más de dos períodos consecutivos en cada una de las siguientes corporaciones: Senado de la República, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital o Municipal, o Junta Administradora Local”.
Con esto se pretende incentivar la participación en política y tener una constante renovación de actores políticos.
De otra parte, se establece que para participar en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, los ‘precandidatos’ deberán tener al menos 6 meses como miembros de la agrupación política, y acreditar esta militancia en la correspondiente organización.
Los partidos tendrán que responder por “avalar candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, que hayan sido o fueren condenados, durante el ejercicio del cargo, por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad”.
En el caso de vinculación a grupos armados y narcotráfico, también tendrían que responsabilizarse aún si los delitos se cometieron antes de otorgar el aval.

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