Marco Antonio Palma abogado / Foto: archivo particular
La tensión política y jurídica en Tunja continúa aumentando tras la acción de tutela interpuesta por el abogado Marco Antonio Palma contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por el presunto incumplimiento parcial del fallo judicial que anuló la elección del exalcalde Mikhail Krasnov.
La controversia gira en torno a la supuesta demora en la convocatoria oficial a elecciones atípicas en la capital boyacense, luego de que el Consejo de Estado dejara en firme la nulidad electoral de Krasnov por una presunta inhabilidad relacionada con la celebración de contratos dentro del periodo prohibido por la ley. Aunque la Gobernación ya avanzó en la designación de un alcalde encargado para garantizar la continuidad administrativa del municipio, el accionante sostiene que aún falta cumplir una de las decisiones más importantes derivadas del fallo: permitir que los ciudadanos regresen a las urnas para elegir democráticamente a un nuevo mandatario local.
La tutela fue asignada a un Juzgado Penal Municipal de Control de Garantías, despacho que deberá determinar si efectivamente existe una omisión por parte del gobernador o si la administración departamental todavía se encuentra dentro de los términos legales establecidos para convocar el proceso electoral extraordinario.
El caso ha generado un intenso debate entre sectores políticos, jurídicos y ciudadanos, debido a la incertidumbre institucional que enfrenta actualmente Tunja.
Diversos líderes políticos y actores sociales han manifestado preocupación por la falta de claridad frente al cronograma electoral, advirtiendo que la capital boyacense no puede permanecer indefinidamente bajo una administración transitoria. Algunos sectores consideran que la convocatoria debe realizarse de manera inmediata para evitar una prolongación de la inestabilidad política y administrativa, mientras otros sostienen que el gobierno departamental aún dispone de márgenes legales para actuar sin incurrir en desacato o incumplimiento judicial.
La situación también despertado reacciones entre organizaciones ciudadanas y veedurías, que reclaman transparencia y celeridad en las decisiones institucionales. Mientras el proceso avanza en los despachos judiciales, en Tunja crece la expectativa por conocer cuándo se definirá oficialmente la fecha de unas elecciones atípicas que podrían reconfigurar por completo el panorama político de la ciudad.
