Néstor Orlando Cely Bautista/Foto: archivo particular
La Procuraduría Provincial de Tunja formuló pliego de cargos disciplinarios contra el docente Néstor Orlando Cely Bautista, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como profesor de tecnología e informática en la Institución Educativa Normal Superior Santiago de Tunja.
La decisión del Ministerio Público se relaciona con un caso de presuntos actos sexuales cometidos contra una estudiante al interior del plantel educativo. De acuerdo con la información conocida dentro del proceso disciplinario, los hechos habrían ocurrido el primero de agosto de 2024 en un aula de informática de la institución. Según la Procuraduría, el docente presuntamente realizó tocamientos indebidos a la menor de 11 años, mientras ambos se encontraban practicando un baile en medio de una actividad académica.
El ente de control indicó que la conducta investigada fue calificada provisionalmente como una falta gravísima cometida a título de dolo, lo que significa que, de acuerdo con el análisis preliminar de las autoridades disciplinarias, existirían elementos que permitirían establecer una actuación consciente y voluntaria por parte del implicado.
El proceso disciplinario busca determinar responsabilidades dentro del ejercicio de la función pública y establecer si el comportamiento del docente vulneró los deberes y principios que rigen la labor educativa y la protección de los menores de edad. Paralelamente al trámite disciplinario, el caso avanzó en la jurisdicción penal. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tunja condenó a Néstor Orlando Cely Bautista a una pena de 12 años y tres meses de prisión, sentencia que actualmente cumple en establecimiento carcelario. La decisión judicial se produjo luego del análisis probatorio realizado durante el proceso penal adelantado por las autoridades competentes.
El caso ha generado preocupación en sectores educativos y entre padres de familia, especialmente por tratarse de hechos ocurridos dentro de una institución académica y presuntamente aprovechando un entorno de confianza entre docente y estudiante.
Diferentes voces han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y denuncia frente a cualquier forma de violencia sexual o abuso dentro de escenarios escolares. Asimismo, el proceso reabre el debate sobre la responsabilidad de las instituciones educativas en la protección integral de niños, niñas y adolescentes, así como sobre la importancia de garantizar rutas efectivas de acompañamiento psicológico, jurídico y disciplinario para las víctimas y sus familias.
