La crisis del sistema de salud colombiano atraviesa un nuevo momento de tensión tras la decisión anunciada por el superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, de solicitar la renuncia protocolaria de todos los agentes interventores de las EPS que actualmente permanecen bajo control del Gobierno.
El funcionario informó que se realizará una revisión de la gestión y resultados de cada uno de los interventores para definir si continúan o son reemplazados. La medida representa el primer gran ajuste administrativo desde su llegada a la Superintendencia Nacional de Salud y ocurre en medio de las dificultades financieras y operativas que enfrentan varias aseguradoras del país.
Actualmente, entidades como Nueva EPS, Famisanar, Emssanar, Asmet Salud, SOS y Capresoca permanecen intervenidas y concentran cerca de 20 millones de afiliados en todo el país.
La decisión ha generado inquietud entre distintos sectores del sistema de salud debido a los constantes cambios administrativos que han marcado las intervenciones recientes. En algunos casos, varias EPS han tenido múltiples interventores en pocos años, situación que, según expertos, dificulta la estabilización financiera y operativa de las entidades.
Uno de los casos más críticos es el de Nueva EPS, la aseguradora con mayor número de afiliados en Colombia. Informes técnicos han advertido sobre el deterioro de indicadores de atención, aumento de reclamaciones, retrasos en la entrega de medicamentos y un crecimiento significativo de las deudas acumuladas con hospitales y clínicas.
La entidad también enfrenta millonarias cuentas por pagar y un alto volumen de facturas pendientes de trámite, mientras las IPS continúan alertando sobre el impacto que los retrasos en pagos tienen sobre la prestación de servicios médicos.
Diversos actores del sector han cuestionado que los relevos constantes en las administraciones impidan construir procesos sostenibles. El exministro de Salud Augusto Galán había señalado anteriormente que cada cambio de interventor suele traer modificaciones en equipos directivos, procesos internos y políticas de pago, afectando la relación con clínicas, hospitales y proveedores.
Desde el gremio de las EPS, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, también había advertido que el sistema requiere estabilidad operativa y no más incertidumbre administrativa, especialmente en entidades que atraviesan problemas financieros profundos.
Las preocupaciones también se extienden a los prestadores de servicios de salud. Jorge Toro, director de Unión de IPS, señaló previamente que la falta de claridad sobre el futuro de las EPS intervenidas genera incertidumbre sobre pagos y sostenibilidad financiera para hospitales y clínicas.
En medio de este panorama, también ha generado debate la reciente designación del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como agente interventor de Nueva EPS. Su nombramiento despertó cuestionamientos relacionados con su experiencia en administración financiera de EPS y por procesos judiciales que enfrenta actualmente.
Incluso el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tomó distancia de algunas declaraciones realizadas por Ospina sobre la suficiencia de la UPC, asegurando que no era la persona encargada de pronunciarse sobre ese tema.
La solicitud de renuncia colectiva a los interventores vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la efectividad de las intervenciones estatales y la capacidad del Gobierno para recuperar la estabilidad de un sistema de salud golpeado por deudas crecientes, dificultades de acceso y aumento en las quejas de los usuarios.
