El reciente incremento en el precio de la gasolina en Colombia, dispuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, comenzó a generar reacciones en las zonas de frontera, donde sus efectos podrían sentirse con mayor intensidad.
El ajuste, de $400 por galón y que ubica el promedio nacional cerca de los $16.000, fue sustentado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, como una medida asociada a factores internacionales, entre ellos la volatilidad del petróleo influenciada por tensiones en regiones como Irán, además de la necesidad de reducir el peso fiscal de los subsidios.
Sin embargo, en territorios limítrofes con Ecuador, el panorama genera preocupación. El gerente de Petro Nariño, Armario Guevara, advirtió que este tipo de incrementos podría incentivar el contrabando de combustibles, una problemática histórica en la región.
Según el directivo, la diferencia de precios entre ambos países suele abrir espacio a prácticas ilegales que afectan tanto la economía formal como la seguridad en la zona fronteriza. “Cada aumento amplía la brecha y hace más atractivo el ingreso irregular de combustible”, señaló, al tiempo que pidió fortalecer los controles y estrategias binacionales.
Analistas coinciden en que, además del impacto general en transporte y costo de vida, en la frontera el fenómeno podría traducirse en una mayor presión sobre las estaciones de servicio legales, distorsión del mercado y riesgos asociados a redes de contrabando.
El comportamiento de los precios en las próximas semanas será clave para medir el alcance real de esta medida en una de las regiones más sensibles del país.
