La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
De acuerdo con la investigación, los exfuncionarios habrían convocado reuniones, impartido directrices y hecho seguimiento para direccionar proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en beneficio de congresistas, con el fin de asegurar su respaldo a iniciativas gubernamentales en el Senado y la Cámara de Representantes.
Entre junio y septiembre de 2023, Bonilla y Velasco habrían intervenido indebidamente en 78 contratos (73 en Invías y cinco en Ungrd), por un valor total de $612.000 millones, de los cuales siete se concretaron.
Entre septiembre y diciembre de 2023, presuntamente intercedieron en tres procesos contractuales en la Ungrd destinados a la mitigación y atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado (Bolívar), por un valor de $86.619 millones. Aunque estos negocios no se celebraron, los congresistas beneficiados aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.
Entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, se les atribuye haber mediado de manera ilegal para que un contrato de la Ungrd en Sahagún (Córdoba), por $35.000 millones, fuera entregado a personas cercanas a un congresista de la Comisión Primera del Senado. Este contrato finalmente no se materializó.
Con estas acusaciones, la Fiscalía busca establecer la responsabilidad penal de los exministros en un entramado de presunta corrupción que habría comprometido recursos públicos y procesos contractuales estratégicos, con el objetivo de asegurar apoyos legislativos al Gobierno nacional.
