La Empresa Social del Estado (E.S.E.) Santiago de Tunja atraviesa un escenario financiero complejo que ha encendido las alertas en el Concejo Municipal, debido a la ausencia de reservas económicas para responder ante contingencias administrativas, jurídicas y operativas. La situación quedó en evidencia durante una reciente sesión de control político, en la que se evaluó la sostenibilidad de la entidad y sus capacidades de respuesta frente a eventuales crisis.
Durante el debate, la gerente de la E.S.E., Cenaida Pérez Cisneros, reconoció que la institución no cuenta actualmente con un fondo de contingencia, herramienta clave para mitigar riesgos derivados de fallos judiciales, demandas laborales o imprevistos administrativos. Esta debilidad estructural deja a la entidad en una posición vulnerable, ya que un solo fallo adverso de alto impacto económico podría comprometer seriamente su estabilidad financiera e incluso poner en riesgo la continuidad de algunos servicios de salud.
A este panorama se suma una dificultad adicional relacionada con la liquidez. Según lo expuesto, cerca de 8.000 millones de pesos girados por la Nueva EPS no han podido ser incorporados plenamente a la contabilidad oficial de la E.S.E. Santiago. La principal razón es la falta de soportes detallados y conciliados sobre las facturas asociadas a dichos recursos, lo que ha generado un estado de incertidumbre financiera y limita su ejecución dentro de la planeación institucional.
Este problema contable y administrativo ha repercutido directamente en la capacidad operativa de la entidad, afectando la toma de decisiones estratégicas y la ejecución de inversiones necesarias para el fortalecimiento del sistema de salud local. En consecuencia, la institución enfrenta un equilibrio financiero frágil, condicionado por la incertidumbre en los flujos de recursos y la ausencia de mecanismos de respaldo económico.
Ante este panorama, la administración de la E.S.E. plantea la inclusión de una reserva técnica dentro del programa de saneamiento fiscal 2026–2029, con el objetivo de fortalecer la estabilidad financiera y reducir la exposición a riesgos futuros. Sin embargo, expertos y actores del sector advierten que la solución requiere no solo ajustes internos, sino también una mayor articulación entre las entidades del sistema de salud para garantizar transparencia, eficiencia y sostenibilidad en el manejo de los recursos públicos.
