A escasos 50 días de las elecciones, el departamento de Nariño se encuentra ante un desafío mayúsculo que no puede ser minimizado por el Gobierno Nacional ni por las autoridades electorales y de seguridad del Estado. Las alertas tempranas emitidas por organismos como la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE), el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Procuraduría General de la Nación y otras instancias de control, configuran un llamado urgente a la acción frente a los riesgos que amenazan el libre ejercicio del derecho al voto.
No se trata de advertencias aisladas ni de escenarios hipotéticos. La historia reciente del departamento y los informes oficiales coinciden en señalar que persisten condiciones de violencia e intimidación electoral, particularmente en los municipios de la costa pacífica nariñense y en localidades como Policarpa, Cumbitara y Leiva. En estos territorios, la presencia y accionar de grupos armados ilegales continúan generando temor entre la población civil, afectando no solo la seguridad física de los ciudadanos, sino también la libertad con la que pueden tomar decisiones políticas.
Las alertas tempranas advierten sobre amenazas directas a líderes sociales, candidatos, funcionarios electorales y, de manera especial, a los votantes. La imposición de reglas, el constreñimiento al elector y la circulación de mensajes intimidatorios buscan incidir de forma ilegítima en los resultados electorales. Permitir que estas prácticas persistan sería aceptar una democracia condicionada por las armas, lo cual resulta inadmisible en un Estado Social de Derecho.
La Defensoría del Pueblo ha insistido en la necesidad de adoptar medidas preventivas inmediatas, mientras que la MOE ha alertado sobre el riesgo de fraude, coacción y abstención forzada en zonas donde la población teme represalias. El Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría, por su parte, han subrayado la obligación de las autoridades de garantizar procesos transparentes y seguros, recordando que la omisión frente a estas alertas puede derivar en responsabilidades institucionales.
En este contexto, el Gobierno Nacional debe asumir un liderazgo claro y contundente. No basta con anuncios generales o planes de seguridad de carácter simbólico. Se requiere una estrategia integral que combine presencia efectiva de la Fuerza Pública, coordinación interinstitucional, protección a candidatos y líderes, y garantías reales para que los ciudadanos puedan acudir a las urnas sin miedo. La seguridad electoral no es un favor del Estado, es una obligación constitucional.
Asimismo, las autoridades departamentales y municipales tienen un rol insustituible. Gobernación, alcaldías, personerías y comités de seguimiento electoral deben actuar de manera articulada, escuchando las alertas de los organismos de control y respondiendo con acciones concretas. Ignorar las señales de riesgo sería no solo irresponsable, sino profundamente lesivo para la democracia local.
Nariño no puede repetir los episodios de violencia y constreñimiento que han marcado procesos electorales pasados. A 50 días de las elecciones, aún hay tiempo para corregir el rumbo, pero el margen se reduce rápidamente. Garantizar la seguridad de los votantes, especialmente en los territorios más golpeados por el conflicto, es la condición mínima para que las elecciones sean legítimas y representativas.
La democracia no se defiende solo en los discursos, sino en la capacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos cuando ejercen su derecho fundamental al voto. En Nariño, esa defensa debe comenzar ahora, para que en todas las regiones departamento, los votantes encuentren las mejores condiciones de seguridad a la hora de salir a cumplir con el sagrado deber de votar.
