El mandatario anunció que este jueves hará público un documento sobre el negocio del oro en Colombia y aseguró que, entre 2020 y 2026, el país habría perdido cerca de 18 mil millones de dólares por exportaciones que “se realizaron, pero no se registraron”, relacionadas presuntamente con oro robado.
Durante el Consejo de Ministros de este miércoles, el mandatario afirmó que el oro desplazó a la cocaína como una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales y señaló que el conflicto armado actual está ligado principalmente a las economías ilícitas.
“El conflicto armado de Colombia ahora se basa no en la política o la diferencia ideológica como antaño, sino en las economías ilícitas que fundamentalmente son cocaína y oro”, aseguró el jefe de Estado.
En ese contexto, el Presidente Petro insistió en la necesidad de impulsar una reforma minera que permita que el Banco de la República sea el comprador exclusivo del oro proveniente de la pequeña minería, con el propósito de debilitar las finanzas de las organizaciones criminales que controlan el comercio ilegal del metal.
Según explicó, la propuesta también busca convertir el oro adquirido por el Estado en un activo soberano que sirva de respaldo para el ahorro pensional de los colombianos.
El mandatario sostuvo que la medida sería especialmente importante en regiones como Antioquia, donde, según dijo, las economías ilegales asociadas al oro tienen una fuerte presencia. Por ello, reiteró la propuesta de que el Banco de la República compre directamente el oro de la pequeña minería a precio internacional.
La formalización minera y el control sobre la comercialización del oro han sido temas recurrentes en la agenda del Gobierno nacional. En recientes publicaciones en la red social X, el Presidente Petro aseguró que organizaciones narcotraficantes y estructuras armadas ilegales utilizan el oro para el lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Además, señaló que la explotación ilícita ha provocado graves afectaciones ambientales en regiones como el nordeste antioqueño, el Bajo Cauca y Chocó, donde, según afirmó, los ríos y ecosistemas han sido “literalmente destruidos” por la minería ilegal.
