La representante a la Cámara Teresa Enríquez Rosero es la autora del proyecto que reconoce la práctica profesional como experiencia laboral. Admite que no es la solución al desempleo, pero sí un avance contra las barreras de acceso al mercado de trabajo para los jóvenes.
Según cifras del Ministerio de Trabajo en el 2020, el 82 % de los colombianos entre 18 y 28 años, es decir, alrededor de 10 millones de jóvenes, veían como una paradoja que les exigieran experiencia laboral previa para acceder a su primer empleo. En ese panorama, el Congreso aprobó la ley 2043 de 2020 que reconoce la práctica profesional como experiencia laboral en los sectores público y privado, dicha ley, hoy cuenta con sus respectivos decretos reglamentarios.
A ojos de Teresa Enríquez, representante del Partido de la U y autora de la iniciativa, la norma es un paso a favor de las personas que no han podido conseguir trabajo (una población de la cual no se tiene un censo exacto) por cuenta de la barrera de la experiencia.
Sobre esta ley, la representante a la Cámara y actual aspirante a continuar en el Congreso de la República, nos entregó las siguientes declaraciones:
La ley dice que se garantiza el ingreso a la vida laboral, pero no resuelve el tema del desempleo. ¿Cómo es eso?
No es una solución a la falta de empleo, pero sí vamos a lograr que tengan mayores oportunidades. Es garantía, porque es de obligatorio cumplimiento y el sector público debe ejecutarla, y esperamos que el privado la acoja también.
Dé un ejemplo al respecto…
Un caso es la convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Normalmente, los cargos ofertados exigen a los postulantes acreditar su experiencia. Eso no lo puede cumplir un amplio sector de la población, pues la experiencia cuenta después de la expedición del título o de la tarjeta profesional. Con esta ley ese profesional podrá inscribirse a la convocatoria, logrando acceder por méritos. Es una herramienta efectiva, pues se podrán presentar a esas plazas y eso representa una oportunidad.
La ley dice que materializa principios y derechos como el trabajo y la dignidad humana. ¿Sugiere que antes no se cumplían?
Que una persona no pueda ingresar al mercado por una barrera como la experiencia es, de alguna manera, violatorio del derecho al trabajo y al mínimo vital. Las familias deben realizar esfuerzos para educar a sus hijos, pero cuando estos terminan sus ciclos de educación no pueden tener una remuneración digna y retribuir ese esfuerzo. Había una paradoja: el Estado promovía la educación, pero nadie estaba pensando en que los profesionales, técnicos y tecnólogos no podían acceder al empleo.
¿A quiénes aplica?
No existe un censo que permita identificar el número total de practicantes en el país. Por lo tanto, el número de beneficiarios dependerá de las convocatorias de las entidades, y los que las empresas privadas involucren. Para ponerlo en términos veraces, está el ejemplo del Sena. Según la rendición de cuentas, entre julio de 2018 y agosto de 2019, los aprendices fueron 441.044 en este año. Es decir, si la ley hubiese estado vigente entre 2018 y 2019, los beneficiados pudieron ser más de 440.000 estudiantes. A eso se debe sumar los estudiantes de universidades susceptibles a realizar su práctica profesional.