Bogotá, Colombia – El proceso para obtener o renovar la licencia de conducción en Colombia enfrenta un cambio profundo en 2026, con una serie de ajustes que buscan incrementar los estándares de seguridad vial, hacer más estricta la evaluación de los conductores y reducir las irregularidades históricas en la expedición de este documento. Aunque estas medidas han sido presentadas por las autoridades como un avance en la calidad de la formación y verificación de aptitudes de los conductores, también han generado debates entre ciudadanos, organizaciones sociales y expertos en movilidad.
Uno de los cambios más significativos es la redefinición de quiénes realizan los exámenes teóricos y prácticos. Hasta hace poco, las escuelas de conducción (Centros de Enseñanza Automovilística – CEA) eran responsables tanto de la formación como de la evaluación de sus propios estudiantes. Esto, según el Gobierno y las autoridades de transporte, facilitaba irregularidades como la certificación prematura de conductores sin la preparación adecuada. Para contrarrestar esto, se creó un nuevo modelo en el cual los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) son los encargados exclusivos de administrar los exámenes para obtener, recategorizar o renovar una licencia.
Este cambio implica que quienes aspiren a la licencia deberán pagar por formación y evaluación de forma independiente, ya que los CEA solo pueden ofrecer la enseñanza, mientras que los CALE se encargan de la evaluación. Este modelo, que cobra tarifas separadas por cada examen —teórico y práctico— busca blindar el proceso frente a fraudes y garantizar que la aprobación no dependa de la misma entidad que imparte la instrucción.
A su vez, los requisitos para la renovación de la licencia de conducción se han vuelto más estrictos, especialmente para ciertos grupos de edad. Bajo las normas actuales, la vigencia de las licencias varía en función de la edad y de si se trata de vehículos de servicio público o particular. Por ejemplo, para conductores de vehículos particulares entre los 18 y 59 años, la licencia se renueva cada 10 años; entre los 60 y 79 años, cada cinco años; y a partir de los 80 años, anualmente. Para quienes operan vehículos de servicio público, estos plazos se reducen aún más, con revisiones más frecuentes a partir de los 60 años.
Además de la frecuencia de las renovaciones, las autoridades han reforzado el piso de exigencia médico y psicofísico para todos los conductores que deben actualizar su licencia. Los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizados por el Ministerio de Transporte realizan ahora una batería de pruebas que incluyen evaluaciones de visión, coordinación motriz, aptitudes cognitivas y estado de salud general, cuyo resultado es obligatorio para completar el trámite. Si el certificado no se registra correctamente en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la solicitud de renovación puede ser rechazada y la licencia quedar suspendida hasta tanto se cumpla con todos los requisitos.
Esta nueva orientación hacia evaluaciones más rigurosas no solo afecta a los conductores mayores de 65 años —quienes ya deben presentar exámenes más frecuentes y específicos para renovar su licencia— sino también a todos aquellos que aspiran a obtener el documento por primera vez o recategorizarlo. Muchos de estos cambios están enmarcados en la implementación de nuevas resoluciones del Ministerio de Transporte que buscan, según las autoridades, elevar la seguridad vial y asegurar que los conductores realmente cuenten con las habilidades necesarias para manejar en las vías colombianas.
Sin embargo, no todo el mundo ve estos ajustes como una mejora sin contrapartidas. Algunos sectores consideran que el endurecimiento de requisitos podría generar barreras adicionales para la obtención de la licencia, especialmente para personas en zonas rurales o ciudades más pequeñas donde la infraestructura de CALE y CRC es limitada. Adicionalmente, el hecho de que el proceso de evaluación y formación ahora implique trámites y pagos adicionales ha despertado preocupación en ciertos ciudadanos, quienes temen que el costo total del trámite pueda incrementarse de forma considerable.
Organizaciones de defensa de los derechos de los conductores han señalado que, aunque la seguridad vial es una prioridad indiscutible, las autoridades deben también garantizar accesibilidad y equidad en el proceso, de manera que los nuevos requisitos no terminen excluyendo a sectores de la población con menos recursos o menos acceso a centros de evaluación especializados.
En definitiva, el endurecimiento de requisitos y evaluaciones para obtener o renovar la licencia de conducción en Colombia representa un cambio estructural en la forma en que se certifica a los conductores. Con el foco en la seguridad vial y la transparencia, las nuevas reglas buscan reducir la accidentalidad en las carreteras y asegurar que quienes circulan por ellas cuentan con las capacidades necesarias para hacerlo de forma responsable. A pesar de esto, el proceso también enfrenta desafíos prácticos y debates públicos en torno a su costo, acceso y aplicación en todo el territorio nacional.
