Contexto: un caso clave en el escándalo de la UNGRD
La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, se ha convertido en una de las figuras centrales del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una trama que involucra millonarios contratos públicos, presuntos sobornos y altas esferas del poder político en Colombia.
Ortiz fue acusada por la Fiscalía de delitos como lavado de activos y tráfico de influencias, señalada de haber participado en el manejo de aproximadamente 3.000 millones de pesos que, según la investigación, habrían sido destinados a sobornos relacionados con contratos de carrotanques en La Guajira.
Libertad por vencimiento de términos: el punto de quiebre
El 11 de mayo de 2026, un juez ordenó la libertad inmediata de Ortiz tras determinar que se vencieron los plazos legales sin que iniciara formalmente el juicio en su contra.
La exfuncionaria había permanecido más de 500 días privada de la libertad, primero en centro carcelario y luego en la Escuela de Carabineros de la Policía.
Este hecho encendió las alarmas sobre posibles fallas estructurales en la actuación de la Fiscalía, particularmente en la gestión de tiempos procesales, un aspecto clave en el sistema penal colombiano.
Fallas de la Fiscalía: inconsistencias en la acusación
Uno de los elementos más polémicos del caso radica en los errores detectados en la imputación y acusación:
- La Fiscalía inicialmente vinculó a Ortiz con el contrato de carrotanques en La Guajira por más de 46.000 millones de pesos.
- Sin embargo, ese episodio desapareció en el escrito de acusación final.
- En su lugar, se incluyó otro contrato distinto (en Atlántico), que incluso presentaría inconsistencias sobre su ejecución y ubicación.
Además, informes oficiales indicaron que dicho contrato no ocurrió en el lugar señalado ni en el periodo mencionado por la Fiscalía, lo que debilita la solidez del caso y alimenta cuestionamientos sobre el manejo de pruebas.
Versiones cruzadas: cambios en el testimonio de Ortiz
Otro factor clave es la evolución del testimonio de la propia Sandra Ortiz:
- En versiones iniciales, habría entregado detalles sobre presuntas entregas de dinero y reuniones, incluso respaldadas con chats.
- Posteriormente, en audiencias, cambió su relato, asegurando que desconocía la existencia de esos recursos y negando los hechos previamente descritos.
Estas contradicciones han generado dudas tanto en la opinión pública como entre actores judiciales, al punto que algunos abogados han solicitado investigar posibles falsos testimonios dentro del proceso.
La defensa: denuncias de irregularidades
Desde su defensa, Ortiz ha insistido en que el proceso presenta irregularidades:
- Asegura que no ha tenido acceso completo a las pruebas.
- Denuncia falta de “igualdad de armas” frente a la Fiscalía.
- Ha afirmado que busca que “el país conozca toda la verdad” sobre lo ocurrido.
Estas declaraciones refuerzan la narrativa de un proceso judicial cuestionado, aunque aún no desvirtúan formalmente las acusaciones en su contra.
Un caso abierto y con implicaciones políticas
El escándalo de la UNGRD sigue creciendo y ha salpicado a congresistas, exfuncionarios y altos cargos del Gobierno. La situación de Sandra Ortiz es solo una pieza dentro de un entramado mayor que involucra presunta compra de apoyos políticos mediante contratos públicos.
Su salida de prisión no implica inocencia, sino una decisión procesal. El juicio continúa, y tanto las fallas de la Fiscalía como los cambios en su testimonio serán determinantes en el desenlace del caso.
