Salario mínimo y todas las de perder

Sofonías Rodríguez.

Ya como si se tratara de un tiempo programado y casi que institucionalizado se deja para el último trimestre del año que termina, analizar entre gobierno, empresarios y clase trabajadora las propuestas que lleven a fijar el nuevo salario mínimo que tendrá vigencia a partir del próximo año.

Con claridad y franqueza hay que decir que estos encuentros resultan vanos porque la confrontación es desigual y por lo tanto antidemocrática, razón sencilla para deducir: que ministro de trabajo y empresarios van por el mismo lado y hacen hasta lo imposible por no ceder a un reajuste que los sindicatos exigen.

Ha sucedido siempre y así se multipliquen las reuniones, nunca que se sepa ha habido un acuerdo mutuo. Todo el tiempo el gobierno por decreto establece el salario mínimo y como no se hace un estudio socioeconómico en las familias de bajos recursos sobre todo, el aumento resulta pírrico para el costo de vida que ha subido exageradamente durante la pandemia.

Se desconoce que la constitución política consagra como una de las bases más importantes en el derecho laboral, la institución del salario en condiciones dignas y justas, de manera que por disposición constitucional y legal, el ajuste salarial es de carácter obligatorio, así lo precisa el departamento administrativo de la función pública. Dicho ajuste se efectúa reconociendo la pérdida de la capacidad adquisitiva y se actualiza año tras año.

Sobre lo expresado es evidente que el gobierno no cumple con lo que de ley corresponde y en este proceso mientras más se pueda minimizar el aumento, resulta favorable para que lo aprueben los empresarios para definir un reajuste que deje satisfechos a los tres sectores.

Y para el ciudadano del común es crítica la situación porque el salario no concuerda con las necesidades de la gente, especialmente de estratos medio y bajo. Se agrava más con el desempleo, que según el Dane las cifras promedian entre el 9 y 12 por ciento, pero la realidad es otra. Cada día no sólo en las capitales sino en los pueblos, las posibilidades de conseguir trabajo son escasas.

 

«Es evidente que el gobierno no cumple con lo que de ley corresponde y en este proceso mientras más se pueda minimizar el aumento, resulta favorable para que lo aprueben los empresarios».

 

Concluyendo, Colombia está entre los países en donde los gobiernos a la hora de establecer un incremento, se muestran esquivos a los reajustes salariales, sólo tomado como un hecho a cumplir apoyado por el sector empresarial. Total, el gobierno sale airoso y la clase trabajadora siempre con las de perder.

Por: Sofonías Rodríguez M.