Los colegios de Chile podrán incorporar la revisión de mochilas, bolsos y otras pertenencias de los estudiantes como parte de sus medidas de seguridad, tras la promulgación de la denominada Ley de Escuelas Protegidas. La normativa fue promulgada este miércoles 12 de agosto de 2026 por el presidente José Antonio Kast y busca fortalecer la seguridad en las comunidades educativas.
La medida pretende prevenir el ingreso, porte o posesión de elementos que puedan ser utilizados para causar daños o agredir a otras personas dentro de los establecimientos. Sin embargo, la revisión no será automática para todos los estudiantes: cada colegio podrá establecerla dentro de su reglamento interno y deberá cumplir protocolos destinados a proteger derechos como la privacidad, la honra y el debido proceso.
La iniciativa surgió en medio de una preocupación creciente por hechos de violencia dentro de los colegios. Según cifras citadas por el Gobierno chileno, las denuncias por maltrato de escolares hacia adultos en establecimientos educativos aumentaron de 441 casos en 2023 a 695 en 2025. Además, durante el último año se registraron 893 denuncias relacionadas con la presencia de armas en centros escolares.
El debate sobre estas medidas tomó fuerza después de un ataque ocurrido en marzo en un establecimiento educativo de Calama, donde una inspectora murió y otras personas resultaron heridas. Tras ese hecho, el Gobierno impulsó diferentes propuestas para aumentar la seguridad y fortalecer las herramientas de profesores y equipos directivos.
La normativa también establece límites para las revisiones. De acuerdo con el texto aprobado, no se podrá exigir a los estudiantes que se desnuden ni realizar revisiones corporales. En caso de encontrar elementos peligrosos, el establecimiento deberá informar a los padres o apoderados y comunicar la situación a las autoridades correspondientes.
El Gobierno chileno sostiene que la nueva legislación busca entregar herramientas concretas a las comunidades educativas para prevenir situaciones de violencia y mantener espacios escolares más seguros. La medida, sin embargo, también ha generado debate entre quienes consideran que puede ayudar a prevenir hechos graves y quienes advierten sobre la necesidad de proteger los derechos de los estudiantes.
