La violencia contra los periodistas vuelve a enlutar a Colombia. En las últimas horas, la Gobernación de Antioquia confirmó el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 5 de mayo mientras realizaba labores de investigación en una zona rural del municipio de Briceño.
La información, inicialmente difundida por la Fundación para la Libertad de Prensa, generó profunda preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y de libertad de expresión, debido a las circunstancias en las que ocurrió el crimen y al contexto de violencia que afecta a esa región del norte antioqueño.
De acuerdo con las autoridades departamentales, el joven comunicador habría sido interceptado por integrantes de las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá”, estructura armada ilegal que mantiene fuerte presencia en la zona y que ha sido señalada por múltiples hechos violentos contra la población civil.
Conflicto armado
Mateo Pérez Rueda, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y director de la revista local El Confidente de Yarumal, se encontraba adelantando labores periodísticas relacionadas con el conflicto armado y las afectaciones sociales en el municipio de Briceño.
Según se conoció, el periodista buscaba ingresar a la vereda Palmichal para recopilar testimonios e información sobre la situación de orden público cuando fue retenido por hombres armados pertenecientes al frente 36 de las disidencias.
Las autoridades revelaron además un detalle considerado clave dentro de la investigación: el principal señalado por la desaparición y posterior asesinato sería Jhon Edison Chala Torejano, conocido con los alias de “Víctor Chalá” o “Chalá”, identificado como uno de los máximos cabecillas de dicha estructura ilegal.
Recompensa
La Secretaría de Seguridad de Antioquia informó que este hombre tendría participación directa en los hechos y estaría vinculado a otras acciones criminales en la región. Ante la gravedad del caso, la Gobernación anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos para quien suministre información que permita su ubicación y captura. El crimen ha generado rechazo entre organizaciones sociales, sectores periodísticos y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre los crecientes riesgos que enfrentan los comunicadores que cubren temas relacionados con el conflicto armado, las economías ilegales y la presencia de grupos armados en distintas regiones del país.
