Bogotá, Colombia — 11 de febrero de 2026.
Una nueva polémica sacude la precampaña presidencial en Colombia luego de que Jaime Andrés Beltrán, gerente regional de la campaña de Abelardo de la Espriella —aspirante independiente al sillón presidencial— publicara y posteriormente borrara de sus redes sociales una tabla con datos que, supuestamente, mostraban cuántas firmas válidas había consignado oficialmente la Registraduría Nacional del Estado Civil de los respaldos ciudadanos reunidos para avalar la aspiración de este candidato.
La controversia gira en torno al proceso de verificación de firmas para inscripciones por grupos significativos de ciudadanos que aspiran a cargos públicos, un mecanismo contemplado por la legislación colombiana para quienes no cuentan con el aval de un partido. En este proceso, los aspirantes deben recoger y presentar al menos 635.216 firmas válidas, equivalentes al 3 % de los votos válidos de la primera vuelta presidencial de 2022, para que la Registraduría certifique su candidatura.
Revelación y borrado del post
La tabla que circuló brevemente en la cuenta de Beltrán mostró cifras detalladas de cuántos respaldos ciudadanos, de los más de cinco millones que presentó De la Espriella, fueron validados tras la revisión técnica del organismo electoral. Según ese documento —que alcanzó a captarse y difundirse en redes antes de ser eliminada—, apenas 1.9 millones de firmas superaron el filtro de validez, lo que representaría cerca del 38 % de apoyos reconocidos oficialmente frente a un número total radicado de aproximadamente cinco millones de rúbricas.
Este tipo de cifras coinciden con análisis periodísticos que señalan que más del 62 % de los respaldos radicados por la campaña no fueron avalados por la Registraduría, por diversas razones técnicas: datos que no coinciden con el Archivo Nacional de Identificación, firmas duplicadas, inconsistencias, renglones en blanco o información ilegible.
Argumentos cruzados
La publicación, aunque luego retirada por Beltrán, alimentó la discusión política y mediática. Sectores críticos de la campaña de De la Espriella han usado estas cifras para afirmar que la narrativa del supuesto “respaldo masivo” al precandidato se desinfla al confrontarla con los datos de validez. El exsenador Gustavo Bolívar calificó en redes a De la Espriella de “tigre de papel” por la disparidad entre las cifras anunciadas y las avaladas oficialmente.
Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un comunicado aclarando que, de los 22 comités que presentaron firmas, solo dos casos con posibles irregularidades fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, y ninguno de ellos corresponde al movimiento de De la Espriella. Según la entidad electoral, en el resto de casos —incluido el de De la Espriella— las incidencias encontradas fueron de tipo técnico y no constituyen fraude o delitos electorales.
La autoridad también recordó que la información individual de los firmantes es reservada y no puede hacerse pública, por tratarse de un derecho fundamental de expresión política que debe protegerse.
Contexto político
La campaña de Abelardo De la Espriella ha sido una de las más visibles en la precampaña para las elecciones presidenciales de 2026. Abogado y empresario, De la Espriella ha conseguido consolidarse como una figura pública independiente, promocionando posturas conservadoras y ocasiones polémicas en los debates nacionales, incluso liderando algunos sondeos de intención de voto.
La discusión sobre las firmas ocurre en un contexto en el que los mecanismos de respaldo ciudadano están bajo escrutinio, no solo por cuestiones de validez, sino por el debate público sobre la transparencia de los procesos electorales y la percepción de popularidad de los aspirantes que se inscriben por firmas.
Mientras la campaña de De la Espriella no ha emitido una versión oficial detallada sobre el borrado y el contenido de la publicación inicial de Beltrán, la controversia aviva el debate sobre la interpretación política de los datos de verificación y sobre cómo las campañas manejan y difunden información técnica que puede afectar la percepción pública de sus apoyos ciudadanos.
