En un hecho que ha generado un intenso debate político en Colombia y repercusiones diplomáticas, el presidente Gustavo Petro ordenó la destitución del brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, tras acusarlo de estar involucrado en un supuesto plan para sabotear su reciente reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La decisión fue oficializada mediante un decreto del Ministerio de Defensa, que dispone el retiro del oficial “por llamamiento a calificar servicios”, una figura legal que permite su salida del servicio activo sin sanciones administrativas mayores.
Acusaciones del presidente: sabotaje y presunta conspiración
El pasado 10 de febrero, durante un Consejo de Ministros en Montería, Petro afirmó que existió un complot que buscaba perjudicar la reunión que sostuvo en la Casa Blanca con Donald Trump el 3 de febrero pasado. Según el mandatario, se habría pretendido colocar “sustancias psicoactivas” en uno de los vehículos de la caravana presidencial con el fin de desacreditarlo y “destruir” el encuentro diplomático.
El presidente no reveló inicialmente el nombre del oficial, pero manifestó que “alguien le dio la orden” al general para ejecutar esta acción, y que la maniobra formaría parte de un intento más amplio de desestabilizar su gobierno. En sus palabras, la metedura de drogas en el vehículo presidencial habría sido un paso para boicotear las relaciones bilaterales con los Estados Unidos en un momento que consideró clave para la política exterior colombiana.
Respuesta del general Urrego y ausencia de pruebas públicas
Edwin Masleider Urrego Pedraza rechazó de manera enfática las acusaciones. En entrevistas con medios nacionales, incluyendo Caracol Radio y Blu Radio, calificó los señalamientos como “total desinformación” y aseguró que no ha recibido notificación oficial de investigación alguna, ni se le ha presentado evidencia que lo vincule con las acusaciones. El general destacó que sus funciones no incluían acceso al vehículo presidencial ni participación en la seguridad directa del mandatario, de acuerdo con los protocolos habituales de protección.
Urrego indicó además su disposición a someterse a pruebas técnicas como el polígrafo para demostrar su inocencia y ha insinuado la posibilidad de emprender acciones legales para defender su reputación.
Contexto político en Colombia
La decisión se produce en un momento de alta tensión política dentro del país. Colombia afronta una crisis por inundaciones en la costa caribe, un proceso electoral con elecciones legislativas el 8 de marzo y presidenciales el 31 de mayo, y diversos escándalos que afectan a figuras cercanas al presidente Petro. Asimismo, el mandatario ha denunciado públicamente otros supuestos intentos de atentados contra su vida, incluyendo un presunto ataque con helicóptero en días recientes, lo que ha provocado un clima de alarma en ciertos sectores políticos y sociales.
Aunque la reunión con Trump —que varios medios describieron como cordial y un intento de reconstruir las relaciones bilaterales tras meses de tensiones— fue vista por analistas como un hito diplomático para el gobierno colombiano, la controversia generada por las acusaciones internas ha opacado en parte ese logro en la opinión pública.
Repercusiones y preguntas sin resolver
A pesar de la gravedad de las acusaciones de sabotaje, no se han presentado pruebas públicas para sustentar la acusación oficial del presidente, lo que ha generado críticas de sectores políticos que exigen claridad y justificación legal. Además, la vinculación del general Urrego con un allanamiento anterior en la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, ha añadido más incertidumbre y complejidad al caso, alimentando versiones encontradas sobre las motivaciones detrás de la decisión presidencial.
El caso ha puesto de manifiesto tensiones internas entre altos mandos de las fuerzas de seguridad y el gobierno, así como el impacto que denuncias de complots y amenazas pueden tener sobre la estabilidad institucional en un país en plena temporada electoral.
