Entre los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, los grupos armados ilegales en Colombia no solo se fragmentaron en múltiples estructuras, sino que también ampliaron su presencia territorial y capacidad criminal. Informes recientes advierten que organizaciones como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo se fortalecieron en varias regiones del país, aprovechando disputas por narcotráfico, minería ilegal y control territorial.
Durante el gobierno de Duque se registró un recrudecimiento del conflicto en zonas abandonadas tras el acuerdo de paz con las FARC, mientras que en la administración Petro la política de “Paz Total” buscó abrir negociaciones simultáneas con distintos actores armados. Sin embargo, analistas sostienen que varios ceses al fuego facilitaron la expansión y reorganización de esas estructuras ilegales.
Actualmente, el panorama es más complejo por la aparición de nuevas facciones y divisiones internas entre disidencias, como el Estado Mayor Central y el Estado Mayor de Bloques y Frentes. Expertos consideran que esta fragmentación ha incrementado la violencia en regiones como Cauca, Antioquia, Guaviare y Norte de Santander.
