El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el inicio de un “gobierno de emergencia” tras asumir la presidencia el 11 de marzo de 2026. Esta estrategia, alineada con su postura política conservadora, busca implementar medidas urgentes durante los primeros tres meses de gobierno, priorizando principalmente la seguridad ciudadana y el control migratorio mediante un plan de choque.
Prioridad en seguridad y control migratorio
El gobierno plantea que la inseguridad en el país está asociada, en parte, a la acción de organizaciones criminales y a la participación de jóvenes y migrantes en actividades delictivas. Bajo este enfoque, se propone una estrategia basada en la responsabilidad individual y en la identificación y sanción de quienes cometan delitos.
Entre las principales medidas anunciadas se encuentran acciones represivas y de control migratorio más estrictas. Estas incluyen la identificación de pasos migratorios, monitoreo de los lugares de llegada y residencia de migrantes, operativos policiales, detenciones temporales y posibles deportaciones.
En este contexto, el papel de Carabineros de Chile será clave, ya que la policía deberá establecer puestos de control y operativos en zonas donde suelen concentrarse migrantes o redes de apoyo a esta población.
Debate sobre el enfoque de seguridad
Las políticas anunciadas han generado debate entre expertos y sectores sociales. Diversos estudios en criminología señalan que la criminalidad suele estar vinculada a condiciones de vulnerabilidad social, como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades, más que a características individuales de ciertos grupos.
Investigaciones académicas, como las realizadas por el criminólogo José Luis Alba de la Universidad de Valencia, han mostrado que la estigmatización de poblaciones vulnerables —como los migrantes— no necesariamente refleja la realidad de la criminalidad.
Un estudio penitenciario realizado en Perú por los investigadores Omar Pezo, Flavio Valdéz y Ángel Castro también encontró que muchos migrantes detenidos permanecen en prisión preventiva sin haber sido juzgados, lo que cuestiona la presunción de inocencia y evidencia procesos de estigmatización.
Asimismo, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han promovido lineamientos globales para abordar la delincuencia juvenil desde una perspectiva social y preventiva, como las llamadas “Directrices de Riad”, que buscan prevenir la criminalidad atendiendo las causas estructurales de la exclusión.
Posibles medidas excepcionales frente a menores
El plan de emergencia también abre la posibilidad de adoptar estrategias excepcionales frente a delitos cometidos por menores, lo que podría modificar algunos de los enfoques preventivos promovidos por instituciones como la Defensoría de la Niñez de Chile.
Un informe publicado por esta entidad en 2025 sobre crimen organizado y niñez advertía que las políticas públicas deben priorizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y evitar respuestas meramente punitivas.
Controversia por indultos a policías y militares
Otro de los puntos más polémicos del nuevo gobierno es la posibilidad de indultar a policías y militares procesados o condenados por violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales de 2019 en Chile.
Durante esas manifestaciones, que comenzaron por el aumento del precio del transporte público en Santiago y luego se ampliaron a demandas sociales más profundas, se registraron al menos 30 casos de homicidio y más de 450 personas con lesiones oculares graves provocadas durante la represión policial.
Durante su campaña, Kast argumentó que varios uniformados han sido objeto de persecución judicial y que muchos manifestantes también cometieron delitos. Sin embargo, su propuesta de indultos ha generado una fuerte discusión pública sobre la responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos.
Política económica basada en austeridad
El “gobierno de emergencia” también contempla cambios en la política económica. Inspirado en lo que algunos analistas denominan “doctrina del choque”, el nuevo gobierno plantea realizar ajustes rápidos en las instituciones públicas para liberar recursos destinados principalmente a seguridad y control migratorio.
En ese marco, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció recortes presupuestales en diversas carteras del gobierno, como parte de una política de austeridad destinada a obtener recursos inmediatos para financiar las prioridades del nuevo gobierno.
Debate en la sociedad chilena
Las medidas propuestas han generado una intensa discusión en Chile. Algunos sectores apoyan la necesidad de acciones rápidas y contundentes para enfrentar la inseguridad, mientras que otros consideran que el país no atraviesa una crisis excepcional que justifique un enfoque de emergencia.
Analistas y actores sociales sostienen que los problemas de seguridad son estructurales y requieren políticas de largo plazo, que combinen prevención social, fortalecimiento institucional y políticas públicas sostenidas en el tiempo.
En este contexto, el inicio del gobierno de Kast marca un giro político importante en Chile, con un enfoque más duro en materia de seguridad, migración y austeridad económica, lo que probablemente continuará generando debates sobre derechos humanos, políticas sociales y el papel del Estado en la gestión de la seguridad.
