La Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió un pronunciamiento en el que reconoce que la prostitución no puede ser considerada una actividad comercial legítima, sino una manifestación de violencia y explotación estructural. Esta postura marca un enfoque más crítico frente a las dinámicas que rodean esta práctica en el país.
El alto tribunal advirtió que, en los contextos de prostitución, no es adecuado hablar de “clientes” o “usuarios”, ya que, según su análisis, quienes pagan por estos servicios hacen parte del primer eslabón de una cadena de explotación. Con esta afirmación, la Corte busca replantear la manera en que social y jurídicamente se entiende esta realidad.
Además, la decisión pone el foco en las condiciones de vulnerabilidad en las que suelen encontrarse muchas personas involucradas en la prostitución, señalando factores como la desigualdad, la falta de oportunidades y diversas formas de coerción que limitan la autonomía real.
El pronunciamiento también abre el debate sobre la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas a la protección de derechos, la prevención de la explotación y la atención integral a las víctimas. En este sentido, la Corte invita a las instituciones a revisar sus enfoques y adoptar medidas que aborden el problema desde una perspectiva estructural.
Expertos consideran que esta postura podría influir en futuras decisiones judiciales y en la formulación de leyes relacionadas con la explotación sexual, los derechos humanos y la equidad de género en Colombia.
