Tras la captura en flagrancia de un inspector de Tránsito del municipio de Duitama, señalado por presuntos actos de extorsión, la alcaldesa Rocío Bernal se pronunció de manera contundente rechazando cualquier conducta asociada a la corrupción dentro de la administración pública local.
El caso generó conmoción en la ciudadanía luego de que las autoridades confirmaran la detención del funcionario en un operativo coordinado con el Grupo Antisecuestro y Antiextorsión (GAULA), que venía haciendo seguimiento a denuncias previas relacionadas con posibles exigencias económicas indebidas a ciudadanos. Según el reporte oficial, la captura se produjo en flagrancia, lo que permitió activar de inmediato los protocolos judiciales correspondientes.
La Administración Municipal informó que, una vez conocidos los hechos, se actuó de forma inmediata en articulación con los organismos de seguridad, garantizando la plena colaboración con la investigación y respetando el debido proceso del implicado. Asimismo, se confirmó la apertura de procesos administrativos internos para establecer responsabilidades disciplinarias y evaluar posibles fallas en los controles institucionales.
La alcaldesa Bernal reiteró que su gobierno no tolerará ningún tipo de práctica ilegal dentro del servicio público y que este tipo de conductas individuales no representan los principios de la administración municipal. En su pronunciamiento, enfatizó la necesidad de fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones.
De igual manera, la mandataria hizo un llamado a la comunidad para que continúe denunciando cualquier acto de corrupción, extorsión o abuso de autoridad, resaltando la importancia de la participación ciudadana como herramienta clave para combatir estos delitos.
Como parte de las acciones preventivas, la Alcaldía anunció el fortalecimiento de los controles internos, la revisión de los procesos operativos en la dependencia de tránsito y la implementación de nuevas estrategias de vigilancia institucional. Con estas medidas, se busca evitar la repetición de hechos similares y garantizar un servicio público transparente, eficiente y ajustado a la ley.
