España mantiene diferentes mecanismos para favorecer la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, en un contexto en el que el desempleo juvenil continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado de trabajo. Sin embargo, es importante hacer una precisión sobre la información inicial de esta noticia: no consta en la normativa estatal vigente una nueva medida general aprobada en 2026 que reduzca las cuotas de Seguridad Social específicamente para todas las empresas que contraten a menores de 25 años.
El sistema vigente contempla distintos incentivos para la contratación de jóvenes, pero varios de ellos están dirigidos a menores de 30 años y dependen del tipo de contrato, la situación laboral y las características de la persona contratada. Entre las principales herramientas se encuentra el contrato de formación en alternancia y determinadas bonificaciones vinculadas a jóvenes con baja cualificación inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Un problema que sigue afectando especialmente a los jóvenes
La situación del empleo juvenil continúa siendo un asunto especialmente relevante en España. Los datos de Eurostat correspondientes a julio de 2026 muestran que la tasa de desempleo entre los menores de 25 años en España se situó en 22,9 %, frente al 15,1 % registrado en el conjunto de la Unión Europea. En ese mismo mes había aproximadamente 452.000 jóvenes desempleados en España según la serie de Eurostat.
Aunque la cifra española ha mejorado respecto al 24,9 % registrado en julio de 2025, la diferencia con la media europea continúa siendo considerable. El dato refleja la dificultad que todavía encuentran muchos jóvenes para acceder a su primer empleo, adquirir experiencia profesional y conseguir una incorporación estable al mercado laboral.
Este escenario explica por qué las políticas de empleo juvenil tienen una importancia especial. Para una persona que todavía no cuenta con experiencia, la ausencia de oportunidades puede convertirse en un círculo difícil de romper: las empresas buscan experiencia para contratar, mientras que los jóvenes necesitan precisamente una primera oportunidad para obtenerla.
¿Qué incentivos existen actualmente para contratar jóvenes?
El marco estatal de incentivos a la contratación está regulado principalmente por el Real Decreto-ley 1/2023, que reorganizó las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para determinados colectivos y modalidades de contratación. La normativa contempla diferentes situaciones y no establece una única reducción aplicable automáticamente a cualquier joven por el simple hecho de tener menos de 25 años.
Uno de los mecanismos más importantes es el contrato de formación en alternancia, dirigido a jóvenes menores de 30 años que cumplan las condiciones establecidas y que estén inscritos como demandantes de empleo cuando corresponda.
En este tipo de contrato, las empresas pueden acceder a una bonificación de 91 euros mensuales, mientras que también existe una bonificación de 28 euros mensuales en las cuotas correspondientes a la persona trabajadora. La medida tiene carácter indefinido y se aplica durante la vigencia del contrato, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
El objetivo es combinar trabajo y formación, de manera que el joven no solamente consiga un puesto laboral, sino que también pueda desarrollar competencias vinculadas a una cualificación profesional.
La formación como puerta de entrada al mercado laboral
Una de las características más importantes de los contratos de formación en alternancia es precisamente su componente educativo.
El trabajo realizado por el joven debe estar relacionado con la formación que está recibiendo. De esta manera, el contrato pretende facilitar una transición entre los estudios y el mercado laboral, permitiendo que la persona adquiera experiencia mientras desarrolla conocimientos profesionales.
El Servicio Público de Empleo Estatal señala que la actividad laboral debe complementar y coordinarse con la actividad formativa dentro de un programa común. Por ello, no se trata simplemente de contratar a una persona joven con una reducción de costes, sino de establecer una relación entre el puesto de trabajo y el proceso de formación.
Este aspecto es especialmente importante para los jóvenes que todavía no han tenido una experiencia laboral significativa. La combinación de formación y trabajo puede facilitar posteriormente el acceso a contratos de mayor estabilidad.
¿Qué ocurre si el contrato formativo se convierte en indefinido?
Los incentivos también pueden continuar cuando el trabajador pasa de un contrato formativo a uno indefinido.
Según la información actualizada del SEPE, la transformación de determinados contratos formativos en contratos indefinidos puede dar derecho a una bonificación de 128 euros mensuales durante tres años. En el caso de las mujeres, la bonificación puede alcanzar los 147 euros mensuales durante ese mismo periodo, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa.
La importancia de esta medida está en que busca favorecer no solamente la entrada de los jóvenes al mercado laboral, sino también su permanencia.
El objetivo es evitar que la primera experiencia profesional termine únicamente en un contrato temporal o formativo y facilitar que, cuando las circunstancias lo permitan, pueda convertirse en una relación laboral estable.
Incentivos para jóvenes con baja cualificación
La legislación española también contempla un incentivo específico para la contratación indefinida de jóvenes menores de 30 años con baja cualificación que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
La normativa estableció una bonificación de 275 euros mensuales durante tres años para los contratos que cumplan las condiciones previstas. Para esta medida, se considera joven con baja cualificación a quien no haya alcanzado los estudios correspondientes al título de Bachillerato o a un Ciclo Formativo de Grado Medio de Formación Profesional.
Este tipo de incentivo pretende atender una de las dificultades más importantes del mercado laboral: los jóvenes que abandonan prematuramente sus estudios o que acceden al mercado laboral sin una cualificación suficiente pueden tener mayores dificultades para encontrar empleos estables y con posibilidades de desarrollo profesional.
Garantía Juvenil, otro de los pilares del empleo joven
Los incentivos a la contratación forman parte de un sistema más amplio de políticas destinadas a mejorar la situación laboral de los jóvenes.
Entre ellas se encuentra el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, integrado en las políticas europeas de empleo y dirigido a facilitar que los jóvenes puedan acceder a oportunidades laborales, formación o educación.
El sistema está dirigido a personas jóvenes de entre 16 y menos de 30 años que cumplan los requisitos correspondientes. Las administraciones públicas pueden utilizar este marco para canalizar programas de empleo, formación y orientación laboral.
Esto significa que la promoción del empleo juvenil no depende únicamente de una reducción en las cotizaciones empresariales. También incluye formación, orientación, intermediación laboral y programas específicos destinados a mejorar la empleabilidad.
¿Por qué el Gobierno utiliza bonificaciones?
Desde la perspectiva de las empresas, contratar a una persona que todavía no tiene experiencia puede representar una decisión con cierto riesgo. El trabajador necesita un periodo de adaptación y formación, mientras que la empresa debe dedicar recursos para enseñarle los procedimientos necesarios para desempeñar su puesto.
Las bonificaciones buscan reducir parcialmente ese coste.
Al disminuir las cotizaciones empresariales en determinados contratos y circunstancias, el Estado intenta hacer más atractiva la incorporación de determinados colectivos al mercado laboral.
No obstante, esto no significa que una empresa pueda contratar a cualquier menor de 25 años y obtener automáticamente una reducción determinada. Los incentivos están sujetos a requisitos específicos relacionados con el tipo de contrato, la situación de la persona contratada y las características de la empresa.
España todavía enfrenta un reto importante
Los datos de desempleo muestran por qué estas políticas siguen teniendo relevancia.
En julio de 2026, la tasa de desempleo general de España se situó en el 10,0 %, mientras que la correspondiente a los menores de 25 años alcanzó el 22,9 %. Esto significa que el desempleo afecta de manera mucho más intensa a quienes están comenzando su trayectoria profesional.
La situación también debe analizarse teniendo en cuenta que la tasa de desempleo juvenil mide a los jóvenes que forman parte de la población activa. No significa que el 22,9 % de todos los jóvenes españoles esté sin trabajo, ya que una parte importante de las personas menores de 25 años todavía estudia y no participa en el mercado laboral.
Aun así, la diferencia frente al desempleo general demuestra que la transición desde los estudios hacia el empleo continúa siendo uno de los principales desafíos.
¿Son suficientes las bonificaciones?
Las bonificaciones pueden ayudar a reducir el coste de una contratación, pero por sí solas no solucionan todos los problemas del empleo juvenil.
La calidad de los puestos de trabajo, los salarios, la formación, la experiencia requerida por las empresas, la distribución territorial de las oportunidades y la adecuación entre los estudios y las necesidades del mercado también influyen en las posibilidades de los jóvenes.
Por esta razón, las políticas de empleo juvenil necesitan combinar diferentes herramientas. Una reducción de las cotizaciones puede facilitar la decisión inicial de contratación, pero la formación y las posibilidades de crecimiento profesional son fundamentales para conseguir que ese empleo sea sostenible a largo plazo.
Un sistema más amplio que una ayuda para menores de 25 años
La principal conclusión es que la política española de promoción del empleo juvenil no puede resumirse en una nueva reducción general de las cuotas para menores de 25 años.
El marco vigente utiliza diferentes incentivos, principalmente orientados a jóvenes menores de 30 años en determinadas situaciones. Entre ellos destacan las bonificaciones asociadas a los contratos de formación en alternancia y los incentivos para determinados jóvenes con baja cualificación inscritos en Garantía Juvenil.
Por tanto, la idea de que España haya aprobado en 2026 una reducción general de las cuotas de Seguridad Social para todas las empresas que contraten a menores de 25 años debe matizarse para evitar presentar como nueva una medida que no aparece así formulada en la normativa estatal vigente.
La realidad es más amplia: España mantiene un sistema de incentivos destinado a facilitar la contratación de jóvenes y a mejorar su transición desde la formación hacia el empleo, en un mercado laboral donde el desempleo juvenil continúa estando muy por encima del promedio europeo.
El desafío para los próximos años será determinar hasta qué punto estas medidas consiguen traducirse en más oportunidades, empleos de calidad y trayectorias laborales estables para las nuevas generaciones.
