El presidente Gustavo Petro denunció públicamente graves sobrecostos en los medicamentos en Colombia, señalando que durante el año 2023 estos incrementos injustificados alcanzaron los 700.000 millones de pesos, lo que ha afectado de manera directa el acceso oportuno a tratamientos médicos y la recuperación de miles de pacientes en el país. Según el mandatario, esta situación se ha convertido en uno de los principales obstáculos para garantizar el derecho a la salud.
Durante su intervención, Petro afirmó que los precios de muchos medicamentos son inflados de manera desproporcionada, llegando a duplicarse o triplicarse sin justificación real. Para el presidente, estas prácticas constituyen una estafa al sistema de salud colombiano y a los ciudadanos, especialmente a quienes dependen de tratamientos continuos para enfermedades crónicas o de alto costo. En ese contexto, insistió en la necesidad de fortalecer la cooperación entre países latinoamericanos para producir medicamentos propios y reducir la intermediación que, según él, facilita estos abusos en los precios.
A esta denuncia se sumó la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quien reveló que las irregularidades son aún más graves de lo señalado inicialmente. De acuerdo con la funcionaria, investigaciones realizadas en agosto de 2025 evidenciaron que varias IPS y mayoristas de medicamentos excedieron los precios máximos permitidos con sobrecostos que alcanzaron hasta el 7.000%. Rusinque afirmó que estos hallazgos muestran una distorsión extrema del mercado y una afectación directa al bolsillo del Estado y de los pacientes.
Tras estas declaraciones, el presidente Petro reaccionó en redes sociales calificando el sobrecosto de medicamentos como “el mayor robo a la salud y al sistema del país”. Reiteró que los 700.000 millones de pesos detectados en 2023 representan recursos que pudieron haberse destinado a mejorar la atención médica, ampliar la cobertura y fortalecer hospitales y centros de salud. Además, señaló que sectores de la oposición buscan mantener estas prácticas al oponerse a los cambios estructurales propuestos por su gobierno.
Este debate se da en medio de un momento clave para el sistema de salud colombiano, luego de que la Comisión Séptima del Senado rechazara la reforma a la salud impulsada por el Gobierno nacional. Tras varios meses de estancamiento legislativo, la iniciativa fue archivada con una votación de ocho votos en contra y cinco a favor, lo que representó un duro golpe para el Ejecutivo.
El bloque que votó negativamente estuvo integrado por senadores de distintos partidos políticos, entre ellos el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido de La U, el Partido Conservador, Mira, Colombia Justa y Libres, y la Alianza Social Independiente. Para el Gobierno, esta decisión frena los intentos de corregir fallas estructurales del sistema, entre ellas el control de precios de medicamentos y la eliminación de intermediaciones que, según el presidente, permiten los sobrecostos denunciados.
No obstante, el senador Fabián Díaz, de Alianza Verde, anunció que presentó una apelación contra la decisión de la Comisión Séptima, lo que abre la posibilidad de que la reforma a la salud vuelva a ser debatida en el próximo periodo legislativo. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su discurso de denuncia frente a los altos costos de los medicamentos y la necesidad de una transformación profunda del sistema de salud para garantizar el acceso equitativo y oportuno a los tratamientos médicos en Colombia.