Un grupo de habitantes del conjunto residencial Sierras del Moral, en el norte de Bogotá, manifestó su inquietud ante la eventual llegada del expresidente Gustavo Petro como residente del lugar, señalando las implicaciones que podría generar su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. En respuesta, Petro aseguró que dichas restricciones internacionales no le impiden celebrar contratos en Colombia y defendió su derecho constitucional a elegir libremente su hogar.
Puntos clave del pronunciamiento de los residentes
- Alerta por registro en OFAC: A través de un comunicado firmado a título personal, los vecinos confirmaron que Petro figura en la lista SDN de la OFAC, lo que consideran un factor de riesgo relevante para la comunidad.
- Revisión legal y de convivencia: Aunque reconocieron que la sanción estadounidense no constituye una condena penal ni un impedimento legal directo para arrendar en el país, solicitaron un análisis jurídico documentado, así como evaluar medidas sobre la seguridad y el uso de zonas comunes debido al perfil del exmandatario.
- Aclaración sobre el alcance: Los firmantes precisaron que el documento no representa la posición oficial de la administración del conjunto ni de la totalidad de la copropiedad, y aclararon que no tienen confirmación de un contrato o negociación concretada.
Argumentos expuestos por Gustavo Petro
- Límites de las sanciones internacionales: El expresidente sostuvo a través de la red social X que las decisiones de la OFAC solo obligan a personas naturales y jurídicas estadounidenses, por lo que cualquier ciudadano o empresa colombiana puede contratar con él sin incurrir en ilegalidades.
- Derecho fundamental a la vivienda: Petro afirmó que la inclusión en dicho registro no limita su derecho a la pensión ni a establecer su residencia donde lo considere conveniente.
- Origen de los fondos para su hogar: Explicó que se encuentra en proceso de edificación de su vivienda, financiada con los recursos procedentes de la venta de un predio tras su divorcio, así como por ingresos de su pensión, regalías de libros y conferencias, desmintiendo versiones sobre adquisiciones irregulares en el municipio de La Calera.
