Durante su gira diplomática por Oriente Medio, el presidente colombiano Gustavo Petro sufrió un serio inconveniente logístico: su avión presidencial, un Boeing 737-700 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) matrícula FAC-001, hizo una escala técnica en el aeropuerto de Madrid-Barajas (España) cuando viajaba rumbo a Arabia Saudita. Allí, según fuentes citadas por varios medios, la compañía encargada de suministrar combustible al avión se negó a prestar el servicio por temor a violar las sanciones vigentes de EE. UU. contra Petro, tras su inclusión en la lista de la OFAC.
Al no poder tanquear en el aeropuerto civil, el avión fue trasladado a una base militar donde finalmente se abasteció y continuó su ruta hacia Riad.
Declaraciones de Petro
El mandatario inicialmente calificó como “tonterías” los reportes sobre el incidente, pero luego reconoció que sí había sido afectado. En sus palabras publicadas en redes sociales:
“Dejen de decir tonterías. Me encuentro en Riad, viajé desde España, que fue mi escala … aún no se puede elevar los aviones a punta de soplo de pulmones como hacíamos de niños.”
También señaló que el hecho fue una “humillación”, añadió que no tuvo lugar en Madrid sino en Cabo Verde, África, y solicitó que el gobierno colombiano resuelva el contrato con la empresa estadounidense que provee el combustible “de manera unilateral”.
Efectos vinculados a las sanciones
La inclusión de Petro en la lista de la OFAC —cuyo nombre técnico es Lista SDN o “Lista Clinton”— siguió a las sanciones anunciadas por EE. UU. alegando que el presidente había permitido el florecimiento del narcotráfico en Colombia.
Se han documentado ya efectos concretos, como el bloqueo de sus cuentas bancarias y la imposibilidad para que ciertos bancos o entidades financieras realicen transacciones relacionadas con él. Se menciona que esta situación podría afectar incluso el pago de su salario.
Importancia del suceso
El incidente refleja cómo sanciones económicas pueden tener impactos tangibles e inesperados en operaciones diplomáticas y logísticas internacionales. Aunque la aeronave pertenece al Estado colombiano, el hecho de que el mandatario esté sancionado hizo temer a empresas proveedoras —especialmente aquellas con vinculación o capital estadounidense— de infringir la normativa de la OFAC. Esto pone de relieve la magnitud del alcance extraterritorial de las sanciones de EE. UU.