La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el conflicto de competencias suscitado entre la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República de Colombia y la Procuraduría General de la Nación para conocer la queja presentada por una ciudadana en contra los Senadores Iván Cepeda Castro y Julián Gallo Cubillos.
Según el alto tribunal el pasado 3 de septiembre del 2020 se presentó una queja ante la Procuraduría General de la Nación y allegó denuncia penal formulada en contra los Senadores por la supuesta comisión de delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, con fundamento en que los mencionados congresistas presuntamente hicieron aparecer como reinsertados de las extintas Farc a jóvenes desempleados a quienes se les habría pagado un salario mínimo con recursos del programa de Reinserción para la Paz.
A la Procuraduría
Esta queja que llegó al legislativo y a la vez fue presentada en la Procuraduría General no llegó a ninguna conclusión porque se consideró que las acciones denunciadas no vinculaban actos congresionales, y fue por esto precisamente que el alto tribunal resolvió el conflicto de competencia y le dio la razón al senador Miguel Ángel Pinto, quien fue el que conoció el caso. En ese orden, la Comisión de Ética deberá remitir el expediente ahora a la Procuraduría.
Respecto a esto, será entonces el Ministerio Publico el encargado de investigar que ocurrió con estos dineros e indagué si hubo irregularidades o no.
La denuncia presentada en septiembre de 2020 por Andrea Lucia Rodríguez dice que los senadores Iván Cepeda y Julián Gallo supuestamente se apropiaron de recursos del Programa de Reinserción de la Paz, “para pagar testigos y hacerlos pasar como milicianos del frente Antonio Nariño de Bogotá, cuando en realidad eran simples jóvenes desempleados de los sectores marginados o vulnerables de varias localidades de la capital de la República.
Repartición
El documento dice que el 25% se entregaba para el sostenimiento del Partido Farc y otro 25 por ciento era destinado para el senador Iván Cepeda. Esa situación según la Corte es competencia para que la Procuraduría indague sobre los actos irregulares en los que pudieron incurrir los congresistas. La denuncia que ahora reposará en un despacho del Ministerio Público también está sustentada penalmente.
“Teniendo en cuenta que la competencia de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado no es absoluta, sino restringida a aquello que guarde relación con la función congresional, no es de recibo el argumento de la Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios en cuanto afirma que el juez natural de los senadores es dicha comisión porque es la encargada de investigar y juzgar ética y disciplinariamente la responsabilidad de sus pares, pues la misma ley establece la competencia residual del mencionado ente de control”, dice el fallo de la Corte.
Hasta el momento, los senadores Iván Cepeda y Julián Gallo se han abstenido de entregar alguna declaración respecto a este caso, que ahora de manera definitiva, será investigado por la Procuraduría General de la Nación, por lo que la expectativa queda abierta en torno a la decisión que se pueda tomar al respecto.