La jueza 57 de Control de Garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad solicitado por la Fiscalía para Olmedo López, confeso delincuente y principal testigo del entramado de corrupción que desfalcó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-.
Esto le brinda inmunidad parcial al exfuncionario en tres delitos: Interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso.
Luego de la audiencia, su abogado José Luis Moreno, manifestó que “hoy la justicia colombiana ha dado un paso histórico”. Según el defensor, la jueza reconoció que su colaboración con la verdad es vital para desmontar la mayor red de corrupción en la historia reciente del país.
“Olmedo López no huyo, no calló, no negó y rindió más de 21 declaraciones, entregó una matriz con 27 nombres de altos funcionarios, congresistas, ministros, directores de departamentos, aportó pruebas técnicas y documentales, devolvió al estado 724 millones de pesos pidió perdón al país gracias a su colaboración hay hoy existe 27 líneas de investigación abiertas, imputaciones contra altos congresistas y funcionarios”, aseguró el jurista.
A romper el silencio
Y agregó: “El principio de oportunidad no es impunidad, es la herramienta que le permite a la justicia romper con el pacto de silencio y llegar hasta los verdaderos responsables, con esta decisión la justicia envía un mensaje claro, al que colabora con la verdad el estado lo protege no lo abandona
En ese sentido lo que se espera ahora por parte de la Justicia, es que el exfuncionario haga grandes revelaciones, que permitan la judicialización de otros altos funcionarios del Gobierno y congresistas, que aparentemente participaron en este entramado de corrupción, pero que aún permanecen en las sombras, sin que se les haya identificado.
Es de anotar en ese sentido, que las declaraciones entregadas a las autoridades por parte del exsubdirector de la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres, UNGRD, Sneyder Pinilla, han permitido la judicialización de 20 personas, participantes de este gran robo, en lo que se constituye en el mayor escándalo, que se haya registrado hasta el momento en el actual Gobierno.