César Pachón, exdirector de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
La salida de César Pachón de la dirección de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), declarada el pasado 10 de agosto, abrió una revisión sobre varias decisiones administrativas, contratos y vinculaciones realizadas durante su periodo al frente de la entidad.
Investigación
Uno de los principales asuntos bajo revisión es un convenio por $3.000 millones suscrito con la Policía Nacional para disponer de una aeronave destinada a los desplazamientos de funcionarios por diferentes regiones del país. El contrato tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y supondría un costo cercano a $9 millones diarios.
También se encuentra bajo análisis la contratación de Roberto Nacogüi Awigui y Mariana Gil Daza como autoridades tradicionales indígenas. Cada uno habría sido vinculado mediante contratos por $12,6 millones, con una duración de seis meses. Las obligaciones contractuales estaban relacionadas con la incorporación de usos, costumbres y conocimientos de comunidades étnicas en los programas de la ADR.
Dentro de las actuaciones que deberán ser revisadas también aparecen contrataciones y movimientos laborales de funcionarios cercanos a la anterior administración. Entre los nombres mencionados están Fernando Moreno y César Augusto Ramírez, quienes habrían ocupado cargos y asumido contratos de responsabilidad dentro de la entidad.
Otro punto corresponde a una misión comercial realizada a China con el propósito de generar oportunidades para la exportación directa de cacao colombiano. La gestión será objeto de evaluación para establecer los resultados concretos alcanzados y determinar si los objetivos planteados se tradujeron en operaciones comerciales durante el periodo correspondiente. Con la salida de Pachón, la dirección de la ADR quedó en manos de Orlando José Dangond.
La nueva administración tendrá que revisar los compromisos que permanecen vigentes, así como los contratos suscritos durante la anterior dirección. Por ahora, los hechos expuestos corresponden a asuntos administrativos que están bajo revisión. Será la entidad competente la encargada de establecer si existieron irregularidades y si hay lugar a decisiones administrativas, fiscales o disciplinarias frente a las actuaciones cuestionadas.
