El informe suministrado por la Unidad para las Víctimas ubicó al departamento de Nariño, como la región más afectada en lo que tiene que ver con la cantidad de personas afectadas por el conflicto armado que se vive en el país.
La mencionada fuente informó al respecto que Nariño suma 178.160 víctimas, seguido por Norte de Santander con 177.674 y Antioquia con 154.952.
En lo que corresponde a los municipios, el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, informó sobre 92. 878 víctimas, seguido de Tibú, en Norte de Santander, con 68.489 casos, en tanto que el puerto de Tumaco, en Nariño, reportó 42.020 episodios.
Alarmante aumento
Sobre esta situación, la Unidad para las Víctimas, señaló que durante los cuatro años de gobierno del presidente Gustavo Petro, la cantidad de víctimas del conflicto armado en Colombia, aumentó en un millón y medio que se sumó a los más de 10 millones que ha dejado la guerra durante décadas.
1’492.003 casos
En efecto, al respecto se indicó que en el último cuatrenio se presentaron 1’492.003 víctimas, de las cuales ya 1.074.190, ya fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por hechos ocurridos específicamente entre el 7 de agosto de 2022 y el primero de junio de 2026.
En el informe también se reveló que el 72 % de las víctimas denunció hechos ocurridos entre 2022 y 2024, mientras que más de 400.000 corresponden a crímenes de periodos anteriores.
Desplazamiento forzado
En el reporte de la Unidad de Víctimas, aparecen los desplazamientos, amenazas e intimidaciones, como los hechos victimizantes de mayor ocurrencia en los últimos cuatro años.
Sobre el particular, es de anotar que a pesar que el número de víctimas reconocidas ya es alarmante, otras cifras que preocupan en este cuatrienio son las denuncias por hechos victimizantes. Entre ellas, el desplazamiento forzado aparece, por amplia diferencia, como el delito más recurrente.
Según la Unidad para las Víctimas, en los últimos cuatro años se reportaron 1’259.885 casos de desplazamiento forzado, convirtiéndose en el hecho victimizante más recurrente. Le siguen las amenazas, con 308.085 denuncias, y el confinamiento, con 171.066 casos reportados.
Continuando con el reporte de hechos violentos, la entidad reportó que recibieron 65.942 casos de homicidios, 15.331 de desaparición forzada, 5.425 de secuestros y 1.318 de tortura.
Situación en el sur
Según las cifras, el departamento con mayor reporte de víctimas es Nariño con 178.160, seguido de Norte de Santander con 177.674 y Antioquia es el tercero con 154.952.
En cuanto a municipios, Buenaventura (Valle del Cauca) reportó 92.878 víctimas, mientras que en Tibú, Norte de Santander, hubo 68.489 casos. En Tumaco, Nariño, se reconocieron 42.020 en este cuatrienio.
Las cifras de la Unidad para las Víctimas se suman a las alertas que han hecho otras entidades respecto al recrudecimiento de la violencia en el año y la presencia de actores ilegales en los territorios.
Una de esas fue la Universidad de los Andes, que advirtió mediante un estudio que la extorsión aumentó 337%, las amenazas contra la población civil crecieron 70%, el reclutamiento forzado de menores se incrementó 168%.
Derechos Humanos
Amnistía Internacional también reveló recientemente un informe donde rajaba de la administración Petro en materia de derechos humanos.
Para la ONG, varios de los grupos armados implicados en negociaciones con el Estado siguieron delinquiendo en departamentos como Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar y La Guajira.
“Los confinamientos y las restricciones de la movilidad humana afectaron mayoritariamente a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, que sumaban el 40% de las víctimas”, resaltó esa entidad en un informe publicado en el mes de abril.
Sobre esta situación se indicó que el costo de la paz total, es demasiado grande, puesto que las extorsiones aumentaron en un 337 por ciento, las amenazas e intimidaciones en un 70 por ciento y el reclutamiento de menores en un 168 por ciento.
