Las decisiones adoptadas en el marco de la política de «paz total» podrían ser objeto de análisis por parte de las autoridades estadounidenses si llegaran a comprobarse actos de corrupción o maniobras para favorecer a organizaciones criminales con nexos en ese país, según explicó el abogado estadounidense David Anthony Nunez en una entrevista concedida a Semana.
El jurista señaló que una estrategia de paz, por sí sola, no concede inmunidad frente a eventuales investigaciones internacionales. Aclaró que un Estado tiene la facultad de diseñar sus propias políticas de seguridad y negociación, pero sostuvo que el escenario cambia si se demuestra que funcionarios actuaron con el propósito de beneficiar a estructuras delictivas mediante acuerdos ilegales o la obstrucción de procesos judiciales.
De acuerdo con Nunez, si existieran pruebas de que se recibieron sobornos o se realizaron acciones para impedir extradiciones o proteger a personas vinculadas con el narcotráfico, podrían abrirse investigaciones por delitos como conspiración, lavado de activos u obstrucción a la justicia, siempre que exista un vínculo suficiente con la jurisdicción de Estados Unidos.
El abogado también explicó que la legislación estadounidense puede extender su alcance a hechos ocurridos fuera de su territorio cuando intervienen ciudadanos o empresas de ese país, se utiliza el sistema financiero estadounidense o las conductas investigadas afectan procesos judiciales bajo su competencia.
Asimismo, indicó que, además de eventuales procesos penales, las personas involucradas podrían enfrentar sanciones administrativas, congelamiento de bienes, restricciones migratorias e incluso solicitudes de extradición, dependiendo de las evidencias que lleguen a recopilar las autoridades competentes.
Como referencia, el experto recordó que tribunales federales de Estados Unidos han procesado en el pasado a exfuncionarios extranjeros por delitos relacionados con narcotráfico y corrupción cuando existían elementos suficientes para establecer la competencia de la justicia estadounidense. En ese sentido, insistió en que el cargo público o la existencia de una política gubernamental no constituyen, por sí mismos, un blindaje frente a posibles investigaciones internacionales.
