Por Alina Constanza Silva
La economía ilegal en Nariño no es aislada, sino que convive con la economía formal. Incluye actividades como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y la extorsión, las cuales generan liquidez local, pero distorsionan los precios, debilitan las instituciones y afectan la seguridad. Además, el narcotráfico ha impulsado prácticas de lavado de dinero a través de negocios legales, inversiones inmobiliarias y comercio local, dificultando la diferenciación entre economías legales e ilegales.
La condición fronteriza con Ecuador añade complejidad. La dolarización de su economía facilita la circulación de capitales y puede ser aprovechada por redes criminales para integrar recursos ilícitos en circuitos legales. En este sentido, Nariño se configura como un espacio donde convergen dinámicas económicas transnacionales que fortalecen las economías ilegales.
Otro elemento relevante es la relación entre narcotráfico y política. El financiamiento ilegal de campañas, la cooptación del poder local y la corrupción administrativa permiten a las organizaciones criminales influir en decisiones públicas, controlar la contratación y acceder a información estratégica. Así, el narcotráfico no reemplaza al Estado, pero sí lo presiona, lo infiltra y lo condiciona.
En este contexto, la minería ilegal, particularmente en Tumaco, evidencia los impactos sociales de estas economías. Aunque genera ingresos rápidos, produce altos costos sociales, como explotación laboral, afectaciones ambientales y reproducción de ciclos de pobreza y violencia. En consecuencia, estas economías no son la causa de la pobreza, sino una respuesta a la falta de alternativas estructurales.
En síntesis, Nariño no se volvió violento por una sola causa, sino por la convergencia de factores estructurales: expansión de economías ilegales, vacíos de poder tras el acuerdo de paz, alta rentabilidad del narcotráfico, debilidad institucional histórica e intervenciones centradas en lo militar más que en lo social. Como plantean Acemoglu y Robinson (2012), el problema no radica en la falta de recursos, sino en la persistencia de instituciones extractivas que benefician a unos pocos y excluyen a la mayoría.
El desafío, por tanto, no es únicamente combatir la ilegalidad, sino transformar las condiciones que la hacen posible. Esto implica fortalecer la presencia efectiva del Estado, promover economías legales competitivas, garantizar acceso a educación y generar oportunidades reales para la población. No basta con que el Estado esté presente; es necesario que funcione.
