Un contrato por 223.000 millones de pesos adjudicado por Colpensiones para modernizar el sistema de información de la entidad provocó un fuerte enfrentamiento entre su presidente, Jaime Dussán, y el senador electo Enrique Gómez, quien cuestionó el proceso de contratación y la capacidad de las empresas seleccionadas para administrar una de las bases de datos más sensibles del país.
La controversia comenzó luego de que Gómez denunciara presuntas irregularidades en la licitación, al asegurar que el contrato quedó en manos de una unión temporal integrada por compañías que, según él, no tendrían la experiencia ni la infraestructura suficientes para asumir el manejo de la información de cerca de 1,9 millones de pensionados y afiliados.
De acuerdo con el congresista, el proceso dejó por fuera a empresas de mayor trayectoria en el sector tecnológico, mientras que la adjudicación terminó favoreciendo a un grupo empresarial que, en su opinión, genera dudas sobre su capacidad operativa. Además, advirtió que la migración de la base de datos podría representar riesgos para la seguridad de la información y abrir la puerta a posibles fraudes si no existen las garantías necesarias.
Las declaraciones fueron rechazadas por Colpensiones, entidad que defendió la legalidad del proceso y aseguró que la contratación se desarrolló conforme a las normas vigentes. La administración de la entidad sostuvo que las afirmaciones del senador contienen información inexacta y reiteró que el cambio tecnológico busca fortalecer la operación y mejorar los servicios para los usuarios.
El contrato corresponde a la implementación de una nueva plataforma tecnológica que reemplazará el sistema encargado de administrar la información relacionada con afiliaciones, historia laboral, reconocimiento de pensiones y pago de mesadas, un proceso considerado estratégico para el funcionamiento de Colpensiones.
En medio del debate también surgieron interrogantes sobre las empresas que integran la unión temporal beneficiaria del contrato, debido a sus antecedentes en contratos estatales y a su participación en proyectos tecnológicos con diferentes entidades públicas, aspectos que han sido puestos bajo la lupa por el senador Gómez en sus denuncias públicas.
Mientras continúan los cuestionamientos, la entidad insiste en que la migración tecnológica se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad y que el objetivo es garantizar la continuidad del servicio sin poner en riesgo la información de millones de colombianos
