La nueva EPS nuevamente sale a relucir ahora con un desfase acumulado.
Las autoridades han encendido las alarmas sobre la situación financiera de la Nueva EPS, cuyos balances recientes reflejan pérdidas y un incremento significativo en sus obligaciones. La deuda acumulada compromete la atención de más de un millón de asegurados y amenaza la sostenibilidad de la red hospitalaria.
La revisión de los estados financieros de 2023 y 2024 muestra inconsistencias que aún no cuentan con certificación de la revisoría fiscal, lo que genera incertidumbre sobre la veracidad de las cifras. A ello se suma la falta de claridad en el monto total adeudado, pues existen diferencias entre lo reportado por la entidad y lo que registran los prestadores de servicios de salud. Los pagos directos representan menos del 80 %, mientras que el resto se ha canalizado por mecanismos poco transparentes, dificultando el monitoreo.
El problema se agrava con la existencia de glosas —facturas rechazadas o devueltas— que no han sido incorporadas a los estados financieros, ampliando la brecha de información. Desde 2008, se estima que alrededor de 11.000 millones de pesos no han sido formalmente registrados, lo que incrementa la incertidumbre sobre el pasivo real. Además, la deuda se encuentra fragmentada en subregiones administrativas, lo que impide consolidar cifras completas, especialmente en hospitales del norte.
Mariluz Campo Soto, secretaria de Desarrollo Económico, advirtió que esta situación pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud, afectando la atención de pacientes, el suministro de medicamentos y la seguridad laboral de miles de trabajadores del sector. La funcionaria subrayó que la falta de precisión en las cuentas de la Nueva EPS genera un escenario crítico que requiere intervención inmediata.
