La Ley de Sometimiento, que comenzará su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, recibió un pronunciamiento claro por parte de la Defensora del Pueblo, Iris Marín, quien aseguró que el proyecto es “positivo y necesario”, pero que requiere modificaciones de fondo para ser viable y justo.
Según Marín, el objetivo de esta iniciativa —establecer un marco jurídico para las conversaciones con grupos armados y estructuras criminales— es válido, siempre y cuando se prioricen los derechos de las víctimas y se garantice seguridad jurídica a quienes decidan abandonar las armas.
Desde la Defensoría, se plantearon dos observaciones clave. La primera tiene que ver con los beneficios penales que el proyecto ofrecería a personas que participaron en anteriores procesos de paz y fueron excluidas por incumplimiento. “Consideramos inadecuado que estos reincidentes reciban nuevos incentivos judiciales”, afirmó Marín.
La segunda observación se enfoca en los programas de reparación a víctimas, que —según la funcionaria— siguen siendo insuficientes. “Existe una deuda muy grande con quienes han sufrido tanto por el conflicto armado como por el crimen organizado. Esta debe ser saldada antes de entregar beneficios generosos a los criminales”, enfatizó.
La Ley de Sometimiento será discutida en el Congreso tras la realización de audiencias públicas en Bogotá y otras ciudades. En estos espacios, se ha escuchado a funcionarios, víctimas y representantes de la sociedad civil sobre el alcance e impacto del proyecto.
Iris Marín concluyó que el acompañamiento de la Defensoría continuará durante el trámite legislativo para vigilar el respeto por los derechos humanos y asegurar que el enfoque del proyecto no deje de lado a las comunidades más afectadas por la violencia.