El Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República la iniciativa de Ley de Competencias, un proyecto clave que busca fortalecer la autonomía territorial y redefinir la distribución de responsabilidades y recursos entre la Nación, los departamentos y los municipios.
Según explicó el Ejecutivo, la propuesta tiene como objetivo clarificar qué funciones deben asumir los distintos niveles de gobierno, especialmente en sectores como salud, educación, agua potable, saneamiento básico y desarrollo social, con el fin de mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos y reducir duplicidades administrativas.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la redistribución y asignación progresiva de recursos, en articulación con el Sistema General de Participaciones (SGP), para garantizar que los entes territoriales cuenten con la financiación necesaria para asumir nuevas competencias. El Gobierno aseguró que la iniciativa respeta el principio de sostenibilidad fiscal y plantea una implementación gradual.
Durante la radicación, voceros oficiales señalaron que la Ley de Competencias responde a un mandato constitucional de descentralización, y busca cerrar brechas históricas entre regiones, fortaleciendo la capacidad institucional de municipios y departamentos, especialmente en zonas rurales y apartadas.
El proyecto también contempla mecanismos de seguimiento, evaluación y control, así como esquemas de asistencia técnica desde el nivel central, para evitar riesgos de mala gestión y asegurar que los recursos se traduzcan en mejores resultados para la ciudadanía.
Desde el Congreso, distintos sectores políticos anunciaron que el debate será amplio, dado el impacto estructural de la iniciativa en la organización del Estado. Mientras bancadas afines al Gobierno destacaron la necesidad de avanzar en autonomía territorial, sectores de oposición advirtieron que examinarán con detalle el alcance fiscal y administrativo del proyecto.