Regresa a discusión del Congreso el proyecto de ley preparado por la dirigencia sindical del país y encubierto como reforma laboral. Poco aprovecharon el Gobierno y la ministra Ramírez estos dos meses para valorar las preocupaciones que se habían expresado en junio. Según ella porque el síndrome de la Coca-Cola del desierto se acabó en el país. La propuesta llega entonces repotenciada, con todo el veneno de la anterior y otras sorpresas. Eso sí, toda ella plagada de ideología.
Todo indica que sindicatos y Gobierno aprovecharon este tiempo pero para asegurarse de que ninguna garantía o gabela a favor de esta dirigencia se quedara por fuera. Ni los gremios ni los empresarios de sectores tan afectados por la reforma como el agrícola, el turismo o el comercio fueron convocados o escuchados. Como quedó la propuesta presentada, esta reforma realmente beneficiará, y de qué manera, a las élites del sindicalismo, que no pierde oportunidad de pasar cuentas de cobro al gobierno que ayudó a elegir.
Y no podían encontrar una mejor oportunidad para tramitarla. Una economía estancada, creciendo al 0,3 % en el último trimestre; los sectores más deprimidos son precisamente los que generan mayor empleo: manufactura, turismo, comercio y agricultura. Nuestras exportaciones ya completan 6 meses en caída libre, la inversión en infraestructura y obras públicas y el propio gasto del Gobierno con bajísimos niveles de ejecución. A todo ello se suma la muy inconveniente reforma tributaria, cuyos efectos ya están a la vista y todo esto agravado por el clima de incertidumbre, inseguridad jurídica, desgobierno e incremento de la violencia y de la inseguridad en todas las regiones del país. Difícil encontrar un peor momento para presentar esta reforma.
El aumento en los costos laborales será demoledor para las pequeñas empresas y sus negocios. Se estima que 1,8 millones se verán gravemente afectadas.
La reforma incorpora el delicado concepto de la huelga parcial o indefinida sin ninguna regla y aun en los servicios esenciales como la banca, el transporte o los servicios públicos, para citar solo algunos. Muy inconveniente que cualquier negociación deba darse con sindicatos de industria, como se anuncia, dejando su reglamentación al Gobierno, léase a los propios sindicatos. Ya se puede uno imaginar lo que de allí saldrá.
Y ninguna mención de cómo se va a formalizar a más de 10 millones de colombianos y cómo se va a incentivar la creación de más de 5 millones de empleos en el país. Y, por supuesto, ni una sílaba en relación con las necesidades de empresarios e inversionistas.
De convertirse en ley esta iniciativa, la cuenta del apoyo electoral con los sindicatos quedará saldada y con creces, pero las consecuencias para reactivar el crecimiento económico y para generar empleo formal y de calidad será impagable.
Y pensar que, al igual que ocurrió en el semestre anterior, seguimos en manos de los liberales, ‘la U’ y los conservadores para atajar semejante estropicio.
