Algunas de las diversas organizaciones de la sociedad civil en el territorio nariñense, constituidas como veedurías ciudadanas y comités de usuarios han dado a conocer su profunda preocupación, desacuerdos y expectativas por la situación de la atención de la salud por parte de la Empresas Prestadoras de Salud, EPS, que intermedian para la prestación de este servicio básico sea realizado por las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, Hospitales, Clínicas, en medio de unos ambientes de tramitología, corrupción, impunidad y delincuencia en los que los pacientes son los clientes que llevan la peor parte, sin que haya alguna solución coherente, efectiva y eficaz que al menos sea una mínima esperanza para que sea real el ejercicio del derecho humano fundamental a la salud y a la vida.
Es así se alerta en cuanto a la crítica situación del Hospital Universitario Departamental de Nariño, el Hospital Civil de Ipiales, el Hospital Eduardo Santos en la Unión y el Hospital San Andrés de Tumaco, debido a la deuda de las EPS, por 15 mil millones de pesos, que dejan de pagar oportunamente los servicios médicos prestados por estas IPS, debido entre otras cosas a que las EPS elaboran sus presupuestos teniendo en cuenta la atención dada a sus clientes, en vez de hacerlo de acuerdo con el recaudo, correspondiente al régimen contributivo y subsidiado, lo que quiere decir que por ejemplo las EPS dan prioridad más a la cantidad de plata que cuesta la atención de los servicios médicos que prestan, cuando deberían es trabajar de acuerdo con los ingresos correspondientes al recaudo, de tal manera que reciben entonces mucho dinero e invierten poco, son ambiciosas para recaudar y tacañas para atender, siendo que la diferencia entre lo que recaudan y lo que gastan, lo que se llevan como ganancia, por lo que siendo así es un muy buen negocio, amparado por la tramitología, la burocracia, la debilidad institucional para vigilar y controlar, negocio patrocinado por la corrupción y la impunidad.
Entonces es esta diferencia entre lo recaudado y lo invertido, quedándose las EPS con la mayor ganancia de lo recaudado, lo que produce el déficit financiero de las IPS, Hospitales, Clínicas, Laboratorios, Especialistas, lo que a su vez genera la abundancia de tutelas por la desatención de enfermedades crónicas y con diagnósticos de VIH y cáncer, así como también la desatención para tratamientos de alto costo como las quimioterapias, radioterapias y hemodiálisis.
Es en este contexto en el que sucede la intervención de la EPS Emssanar que puede conducir a su liquidación, como ha sucedido recientemente con las EPS Coomeva y Comfamiliar, afectando a 1.954. 587 usuarios más vulnerables en Valle, Nariño, Cauca y Putumayo, correspondiendo 687.086 usuarios en Nariño.
El negocio de la salud favorece a unos pocos y desfavorece a muchos clientes que ya no son pacientes, con la complacencia de un Estado corrupto e impune.
Por: Emilio Coral Ojeda