La abogada Wendy Herrera, representante legal de la empresaria e influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida mediáticamente como ‘Epa Colombia’, entregó detalles sobre el estado de salud mental que enfrenta la condenada tras su reciente traslado a la cárcel La Picaleña de Ibagué. La jurista afirmó que la creadora de contenido padece de un cuadro severo de ansiedad crónica como consecuencia del aislamiento de su pequeña hija y las condiciones del régimen penitenciario. De igual manera, la defensora sostuvo que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) autorizó el cambio de centro de reclusión de manera directa y sin el aval de la Presidencia de la República. Por esta razón, el equipo jurídico alista nuevas acciones legales para solicitar la libertad o la detención domiciliaria de la procesada. En consecuencia, la situación personal de la empresaria desató una amplia discusión sobre la atención médica en las prisiones.
Durante sus declaraciones al programa de televisión La Red, Herrera aseguró que Barrera relató episodios de supuesta tortura y persecución psicológica previos al traslado efectuado el pasado 7 de agosto. Asimismo, la litigante enfatizó que la empresaria no representa un peligro para la sociedad ni para TransMilenio, la entidad perjudicada por los hechos ocurridos en 2019. Por su parte, la defensa cuestionó la negativa del establecimiento carcelario frente a las solicitudes para redimir la pena mediante horas de trabajo y estudio dentro del pabellón. Por lo tanto, el equipo legal busca esclarecer los motivos administrativos que impiden a la procesada acceder a los beneficios de reducción de condena.
Frente a las especulaciones sobre presuntos lujos y procedimientos estéticos durante la reclusión anterior en la Escuela de Carabineros, la defensora aclaró que no le constan dichos eventos por no llevar el caso en ese periodo. Sin embargo, la abogada reprodujo los testimonios de Barrera sobre la rigidez del esquema de visitas, el cual impedía el ingreso constante de su hija recién nacida. Adicionalmente, las autoridades del orden penitenciario adelantan las investigaciones internas pertinentes para determinar la veracidad de los supuestos privilegios concedidos en las instalaciones policiales. Por este motivo, el INPEC mantiene un estricto monitoreo sobre las rutinas y la seguridad de la interna en la capital del Tolima. Por consiguiente, la defensa exige garantías asistenciales para estabilizar la salud física y psicológica de la condenada.
Paralelamente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) fortalece los esquemas de atención médica y psiquiátrica dentro de los centros de reclusión del país para atender a la población privada de la libertad con afectaciones emocionales. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo realiza visitas de inspección periódicas en la cárcel La Picaleña para verificar el respeto a los derechos fundamentales y el acceso a los servicios de salud básica. Del mismo modo, la Corte Constitucional mantiene el seguimiento a las condiciones de hacinamiento e infraestructura en el sistema carcelario colombiano. Por esta razón, la respuesta de los organismos de control resulta crucial para el seguimiento del caso judicial.
Finalmente, la defensa de Daneidy Barrera reiteró que la influencer resarció los daños económicos causados en su momento y demostró un proceso de resocialización mediante sus empresas de belleza. Además, la ciudadanía puede consultar las decisiones del juzgado de ejecución de penas a través de los portales de la Rama Judicial. De igual forma, las plataformas digitales de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio de Justicia publican periódicamente los balances sobre el cumplimiento de condenas en el territorio nacional. En efecto, el trámite de las peticiones de la defensa determinará los próximos pasos en la situación carcelaria de ‘Epa Colombia’.
