La Corte Constitucional ha puesto fin de manera definitiva a la emergencia económica que el presidente Gustavo Petro decretó a finales de diciembre de 2025. Tras el rechazo de su reforma tributaria en el Congreso, el mandatario buscaba recaudar 16,3 billones de pesos mediante decretos excepcionales para cubrir el déficit del presupuesto nacional, una medida que los magistrados consideraron contraria a las reglas del juego democrático.
Con una votación de seis contra dos, el alto tribunal determinó que el Ejecutivo intentó saltarse el sistema de pesos y contrapesos al usar facultades de emergencia para resolver problemas que debían discutirse y aprobarse en el Legislativo, calificando la actuación como un desafío al Estado de Derecho y un intento de evadir el control judicial oportuno. Esta decisión genera un complejo escenario financiero para el Gobierno, que ahora enfrenta el dilema de qué hacer con los 814.000 millones de pesos que ya alcanzó a recaudar durante las pocas semanas que la medida estuvo vigente. Aunque la Corte ya había frenado el cobro de nuevos impuestos desde enero, como el aumento del IVA a licores y mayores tasas para los bancos, los recursos que ya entraron a las arcas públicas están en el limbo. La justicia deberá decidir ahora si el Estado puede quedarse con ese dinero o si debe devolverlo a los ciudadanos y empresas, una tarea que expertos consideran titánica en el caso de impuestos indirectos como el IVA, donde es casi imposible identificar a cada comprador, pero factible para impuestos directos como el de renta o patrimonio.
Ante este revés judicial, el panorama político se tensa, pues el presidente Petro ya ha advertido que insistirá en una nueva «ley de financiamiento» ante el Congreso y que, de no ser aprobada, evaluaría declarar una nueva emergencia económica para proteger el nivel de vida del país. Sin embargo, juristas y exmagistrados coinciden en que no se pueden usar poderes extraordinarios para parchar huecos estructurales del presupuesto, ya que esto desmoronaría la integridad de la Constitución. Mientras tanto, la incertidumbre tributaria crece, pues la devolución de los recursos recaudados podría impactar los flujos de fondos estatales destinados a servicios públicos y empresas intervenidas por el Gobierno.
