Por: SOFONIAS RODRIGUEZ M.
La historia nunca lo registra, pero desde que es Colombia como república independiente se alcanza a percibir que si bien pudo liberarse del yugo español, aún sigue sujeta y esclava a una serie de normas que resultan a veces inconcebibles e ilógicas y que la mantienen con la incomodidad e incertidumbre de poder sacudirse de ellas.
Es un país de papel por el lado que se lo mire en donde el ciudadano desde que nace comienza a tener inconvenientes en el cumplimiento de unos requisitos que no son sino documentos firmados, revisados, registrados en diferentes dependencias generalmente sujetas a leyes del Estado.
Puntualizando en lo que hoy hacemos referencia habrá que empezar haciendo mención de los registros de nacimiento que antes se los conseguía fácilmente en los despachos parroquiales, hoy pertenecen a los archivos de las notarías en donde aparecen unos nombres y apellidos cuya ortografía a veces varía entre uno y otro.
Entonces si el interesado quiere su identidad con el nombre escrito correctamente tiene que hacer una solicitud formal a la notaría correspondiente y eso sólo es válido si se hace a través de una escritura pública. Es decir, es todo un proceso que por su puesto tiene su costo.
Y lo que en este tiempo es materia de desacuerdos y desavenencias entre miembros de una misma familia, como la repartición de bienes que los mayores quieren dejar a sus hijos, corresponde a todo un largo trámite que en ocasiones cuando se cree que todo está listo para asignar propiedades, por meses permanecen en las oficinas dedicadas a esos menesteres.
Hay gente que todavía recuerda lo que los padres acostumbraban para dejar a los suyos, lo poco o mucho que tenía, que por medio de una compraventa o de un testamento que se cumplían con toda la seriedad y casi de inmediato. Esto choca con lo de ahora lleno de tramitologías que son tramitomanías sin fin.
Los gobiernos han ordenado simplificar un tanto ese peregrinaje de papeles, pero, al contrario, esto cada día se torna más difícil y tampoco hay una fórmula, ni una norma que evite esas desmedidas esperas. Es decir, no existe un control para agilizar los pasos a seguir en determinados casos.
Grave y muy grave que la Colombia de papel siga campante con todas las implicaciones y complicaciones sin que haya hasta ahora poder humano que facilite el diligenciamiento de documentos públicos.