Yesid Figueroa García, veedor ciudadano/foto: archivo particular.
El Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja admitió para trámite, en primera instancia, una acción popular presentada contra el municipio de Tunja y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), relacionada con el estado de conservación del antiguo Hospital San Rafael.
La acción fue promovida por el ciudadano Yesid Figueroa García, quien plantea una posible vulneración del derecho colectivo relacionado con la protección del patrimonio cultural, arqueológico e histórico de la Nación. El demandante sostiene que el inmueble presenta un deterioro significativo y cuestiona que, pese a sus condiciones actuales, no se hayan desarrollado medidas suficientes orientadas a garantizar su conservación, mantenimiento, recuperación o restauración.
Actualmente, parte de las instalaciones del antiguo hospital son utilizadas por dependencias de la Escuela de Medicina de la UPTC y por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esta situación convierte al inmueble no solo en un elemento de interés patrimonial, sino también en un espacio que mantiene funciones institucionales. La admisión de la acción popular no implica que el juzgado haya establecido responsabilidad de las entidades demandadas. La decisión únicamente da inicio formal al proceso y permite que las instituciones señaladas ejerzan su derecho de defensa, aporten información y presenten las pruebas que consideren necesarias.
Dentro del trámite, el despacho judicial ordenó notificar al municipio de Tunja, a la UPTC y al Ministerio Público. Las entidades cuentan con diez días para responder los planteamientos formulados en la demanda y solicitar las pruebas correspondientes. El juzgado también dispuso informar a la Defensoría del Pueblo Regional Boyacá y a la Personería de Tunja sobre el proceso. De igual manera, ordenó publicar el inicio de la acción popular con el propósito de garantizar que la comunidad conozca el trámite y pueda intervenir cuando considere que existen razones para hacerlo.
El proceso deberá determinar, a partir de las pruebas y argumentos de las partes, cuáles son las condiciones actuales del inmueble, qué obligaciones corresponden a las entidades involucradas y si resulta necesario adoptar medidas específicas para evitar que continúe su deterioro. La controversia pone nuevamente en discusión la necesidad de establecer responsabilidades claras frente al mantenimiento de edificaciones con valor histórico que continúan siendo utilizadas para actividades institucionales.
