Juliana Guerrero, exfuncionaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se pronunció públicamente por primera vez tras las denuncias que la relacionan con una supuesta red de tráfico de influencias y contratación irregular en entidades del Estado. A través de un comunicado, negó las acusaciones y afirmó que nunca ha participado en actividades ilegales.
La exfuncionaria explicó que había optado por guardar silencio mientras avanzaban las investigaciones, al considerar que corresponde a las autoridades judiciales establecer la verdad de los hechos. Sin embargo, señaló que decidió hacer pública su posición porque su silencio estaba siendo interpretado de manera equivocada.
En el documento, difundido por medio de sus redes sociales y de la firma de abogados que la representa, Guerrero rechazó cualquier vínculo con presuntas gestiones irregulares para favorecer procesos de contratación pública.
Asimismo, aseguró que nunca sostuvo reuniones con contratistas, intermediarios o personas interesadas en obtener contratos estatales mediante influencias indebidas, y enfatizó que jamás ha recibido dinero, comisiones o beneficios económicos relacionados con este tipo de actividades.
Asegura que no tiene vínculos con el Gobierno desde hace más de un año
Guerrero también aclaró que desde hace más de un año no mantiene ninguna relación laboral o contractual con el Gobierno Nacional y afirmó que, tras presentar su renuncia, se apartó completamente de cualquier actividad relacionada con la administración pública.
Pese a la controversia, manifestó su agradecimiento por la oportunidad de haber trabajado en el Ejecutivo y destacó que durante su paso por el servicio público buscó contribuir a las iniciativas impulsadas por el Gobierno.
Además, reiteró que atenderá todos los requerimientos de las autoridades y expresó su disposición para comparecer ante la justicia las veces que sea necesario con el fin de contribuir al esclarecimiento del caso.
La investigación periodística
El pronunciamiento de la exfuncionaria se produjo después de que una investigación periodística revelara la existencia de una presunta estructura dedicada a gestionar contratos públicos a cambio de pagos por parte de empresarios interesados en contratar con diferentes entidades del Estado.
Según esa publicación, Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, habrían ejercido influencia sobre algunos procesos de contratación, incluso durante periodos en los que no desempeñaban cargos oficiales.
La investigación señala que varios empresarios entregaron testimonios, conversaciones, audios, registros de llamadas y documentos que, según el reportaje, respaldarían las denuncias. De acuerdo con esas versiones, la presunta red solicitaba anticipos de 200 millones de pesos y un porcentaje del valor de los contratos que eventualmente fueran adjudicados.
Petro también reaccionó al caso
Tras conocerse la investigación, el presidente Gustavo Petro se refirió públicamente al tema y puso en duda las motivaciones de quienes entregaron la información, señalando que podrían haber actuado por inconformidad al no obtener los resultados que esperaban.
El mandatario agregó que, si existen pruebas que respalden las denuncias, estas deben ser entregadas a la Fiscalía General de la Nación para que sean analizadas dentro de las investigaciones correspondientes.
