La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exalcalde de Apartadó (Antioquia), Héctor Rangel Palacio Rodríguez, así como a otros ocho funcionarios de la administración, quienes desempeñaron sus funciones entre mayo de 2024 y abril de 2025, por presuntas irregularidades en el manejo de dineros del municipio por 3.354 millones de pesos.
Los otros servidores a quienes se les abrió investigación son los entonces secretarios de Gobierno, Amaury Quejada Buenaño; de Hacienda, Luis Arnobio Cuesta Borja; de Servicios Administrativos, Yeged Andrea Espinoza David, y el Tesorero municipal, Cristian Mena Valencia.
También son investigados el secretario general para la época de los hechos, Tony Luis Lozano Berrocal; el subsecretario de Contabilidad, Edison Alberto Mosquera Quinto; el jefe de la Oficina Jurídica, Resurrección Manzano, y la funcionaria del área contable y financiera, Kellys Edith Rivas.
Las presuntas irregularidades investigadas por el órgano de control se relacionan con múltiples transferencias electrónicas que habrían sido realizadas entre mayo de 2024 y marzo de 2025 desde cuentas del municipio.
Esas operaciones habrían tenido como destinatarios a terceros sin un respaldo contractual, presupuestal ni contable, y sin que existieran órdenes de gasto, resolución o contrato que justificara la salida de esos recursos públicos.
Entre las aparentes inconsistencias registradas en el manejo de esos recursos se encuentran conciliaciones bancarias inconclusas, duplicidad de pagos y transferencias a cuentas no registradas, que evidenciarían una marcada diferencia entre los recursos registrados en la plataforma del Estado donde se gestiona toda la contratación pública denominada Secop II y los pagos reales que se habrían efectuado por parte de la administración.
Con la apertura de la investigación, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
