Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
Tras la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en todos los países miembros se asumió supuestamente la responsabilidad de proteger el máximo derecho que posee el ser humano: La Vida.
En Colombia, desde ese entonces, se han consagrado dentro de su ordenamiento jurídico una serie de normas que propenden por el respeto y la protección de los derechos humanos de los colombianos; sin embargo, muchas veces, las leyes y pronunciamientos jurisprudenciales que al respecto se han dictado, se han quedado en simple letra muerta dentro los fríos códigos y anaqueles judiciales.
En nuestro país todo gobernante sabe muy bien que la función primordial del Estado es la protección y defensa de los derechos humanos sin distingo de clase, raza o sexo; pero, lastimosamente, debido a la violencia que nos azota y que se manifiesta bajo diversas modalidades, tenemos «una espiral de terror-represión» en que se pierde todo respeto hacia ellos.
Por ello, callar en presencia de los protagonistas de esta violencia absurda e indiscriminada, en todos sus matices, sobre los asesinatos, los secuestros, las amenazas de muerte, las desapariciones, las injusticias, etc., es lo mismo que hacerse cómplice.
No se trata tampoco hoy, de hacer de todo lo anterior tormenta en un vaso de agua, como quieren hacerla ver quienes defienden y patrocinan la violencia.
Pero es que para nadie es un secreto saber que aquí, hemos llegado a un alto grado de descomposición social, en donde ya nadie confía ni en su propia sombra. La seguridad que le corresponde brindar al Estado por intermedio de las autoridades civiles y militares a los líderes sociales, es una nostalgia más en este sistema político.
Prácticamente, “la violencia contra los líderes sociales en el país no cede”. De acuerdo con un informe adelantado por Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), así como el que presentaron la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, entre enero y el 9 de septiembre de este año han sido asesinadas 117 personas.
Frente a esa situaciónIndisc, la procuradora Margarita Cabello detalló que “más del 40% de los líderes tienen baja percepción de seguridad para ejercer su labor en territorio; tenemos que el 60% de los líderes afirman haber recibido amenazas directas como consecuencia de labor de líderes; el 66% de los líderes que trabajaron con nosotros, alrededor de 300, afirman desconocer el plan integral de prevención, que no los tuvieron en cuenta para trabajar en esos planes integrales de prevención; y más del 40% de los líderes afirman que las acciones de prevención implementadas en sus territorios no les permiten ejercer el liderazgo social”.
Indiscutiblemente, la muerte ronda por todos lados no solamente a los líderes y lideresas sociales, sino también a los defensores de los derechos humanos, los ambientalistas, sindicalistas, etc., bajo un sistema de persecución, amenazas y por último del asesinato.
Mientras tanto el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha logrado romper ese esquema de persecución que hay en contra de dichas personas, a quienes, como siempre, “los ven como una amenaza por lo que significan en términos de denuncia y de derechos humanos”. Pero lo más triste de todo es que hoy nadie grita por ellos: los están matando”.
