La Contraloría General de la República confirmó un hallazgo fiscal por $370.487 millones
relacionado con dos contratos interadministrativos suscritos por la Agencia Nacional de
Tierras (ANT) y la Unidad para las Víctimas durante el Gobierno del presidente Gustavo
Petro.
El caso
Según el organismo de control, la ANT comprometió cerca de $710.000 millones en los
contratos revisados y desembolsó el 95,67 % de esos recursos. Sin embargo, la auditoría
estableció que solo se pudo acreditar la transferencia real de dominio de predios por el
equivalente al 45,46 % del dinero desembolsado.
Uno de los contratos, identificado como ANT-202413098, tenía un valor cercano a los
$410.000 millones. De ese monto fueron desembolsados $393.001 millones, pero
únicamente se acreditaron $100.685 millones mediante la documentación correspondiente.
El segundo contrato, ANT-20245680, contemplaba alrededor de $300.000 millones. En este
caso, la ANT desembolsó $286.268 millones y acreditó $208.095 millones relacionados con
la adquisición y transferencia de los predios.
La Contraloría señaló que el respaldo jurídico mediante actos de transferencia alcanzó los
$308.781 millones, mientras que entre los recursos pagados y aquellos efectivamente
respaldados quedó una diferencia de $370.487.803.320, cifra que originó el hallazgo fiscal.
Argumentos
Frente a las observaciones, la Agencia Nacional de Tierras presentó una respuesta el 27 de
julio de 2026, cuando Felipe Harman todavía estaba al frente de la entidad. La ANT solicitó
retirar el hallazgo y argumentó que los contratos correspondían a un proceso progresivo de
adquisición y que más de 184 predios habían sido entregados provisionalmente.
No obstante, la Contraloría consideró que estos argumentos no lograron desvirtuar las
observaciones. El organismo explicó que la entrega material de un predio no equivale a la
transferencia efectiva del derecho de dominio, por lo que los recursos desembolsados
debían contar con el correspondiente respaldo jurídico.
El informe también puso la lupa sobre un otrosí mediante el cual fueron sustituidos 78
predios por 70 nuevos. De acuerdo con la revisión, el cambio significó una reducción
superior a 1.000 hectáreas y, al mismo tiempo, un incremento del 20,76 % en el valor
promedio por hectárea.
