Hábitat Bajo Análisis

Se explicó la política pública desarrollada en cumplimiento de la Ordenanza 967 de 2017.
Redacción Extra
Los avances y desafíos de la Política Pública de Hábitat para las Familias del Meta fueron
presentados ante la Asamblea Departamental durante una sesión en la que participaron las
secretarías de La Mujer y Equidad de Género y de Vivienda del departamento.
Normativa
La secretaria de La Mujer y Equidad de Género, Lorena Ramos, explicó que esta política
pública se desarrolla en cumplimiento de la Ordenanza 967 de 2017, normativa que
estableció una hoja de ruta para mejorar las condiciones de habitabilidad, fortalecer la
inclusión social y promover un desarrollo territorial sostenible para las familias metenses.
Según la funcionaria, la política fue adoptada el 18 de diciembre de 2017 con una vigencia
de diez años, comprendida entre 2017 y 2027. Su propósito principal es articular los
esfuerzos institucionales en temas relacionados con vivienda, infraestructura social,
desarrollo ambiental y fortalecimiento familiar, reconociendo a las familias como el eje
fundamental de la sociedad.
“Se constituye como una herramienta que permite coordinar acciones entre diferentes
sectores para garantizar mejores condiciones de vida a las familias del Meta, promoviendo
entornos seguros, dignos y sostenibles”, señaló Ramos durante su intervención.
Durante la presentación se expusieron cifras, indicadores y acciones ejecutadas en el
marco de esta política pública, permitiendo a los diputados conocer los resultados obtenidos
hasta la fecha y los retos que aún persisten para el cumplimiento de las metas establecidas.
Debate
Sin embargo, el debate también dejó sobre la mesa algunas observaciones por parte de los
integrantes de la corporación. Uno de los aspectos que generó discusión fue el proceso de
formulación de la política pública, frente al cual algunos diputados consideraron que pudo
haberse fortalecido la participación ciudadana y comunitaria desde su construcción inicial.
Para varios de los asistentes, este tipo de instrumentos requieren una mayor vinculación de
las comunidades beneficiarias, con el fin de garantizar que las acciones implementadas
respondan de manera más efectiva a las necesidades reales de los territorios y de las
familias metenses.