Las autoridades colombianas activaron un amplio operativo luego de que se reportara el secuestro de un uniformado de Policía en Nariño, un hecho ocurrido en la zona de la cordillera del departamento que vuelve a poner en evidencia las complejas condiciones de seguridad que enfrentan los integrantes de la Fuerza Pública en esta región del suroccidente del país.

La víctima fue identificada como Álvaro Jair Pístala Garrido, patrullero adscrito a la Policía Comunitaria de Nariño, quien se desplazaba hacia el municipio de Policarpa para reincorporarse a sus funciones luego de asistir a una cita médica en Pasto.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el uniformado viajaba como pasajero en un vehículo de transporte público cuando hombres armados interceptaron el automotor, obligaron a descender a los ocupantes y verificaron la identidad de cada uno de ellos.

Tras identificar al patrullero, los responsables lo sacaron del vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Así ocurrió el secuestro

Según los primeros reportes oficiales, el hecho ocurrió mientras el patrullero recorría la vía que comunica a Pasto con el municipio de Policarpa, una zona donde históricamente han tenido presencia diferentes estructuras armadas ilegales.

Los hombres armados instalaron un retén ilegal sobre la carretera y detuvieron el vehículo de servicio público en el que viajaba el uniformado.

Posteriormente revisaron la identidad de los pasajeros y, al confirmar que uno de ellos pertenecía a la Policía Nacional, procedieron a llevárselo por la fuerza hacia un destino que hasta el momento permanece desconocido.

Autoridades señalan a la estructura Franco Benavides

Las primeras hipótesis manejadas por las autoridades indican que el patrullero estaría en poder de integrantes de la estructura Franco Benavides, una organización armada ilegal perteneciente a las disidencias de las antiguas FARC que mantiene presencia en varias zonas del departamento de Nariño.

Aunque esta información continúa siendo materia de investigación, los organismos de seguridad consideran que existen suficientes indicios para atribuir la retención ilegal a dicha estructura armada.

No obstante, hasta el momento ese grupo no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el caso.

Operativos para lograr su liberación

Tras conocerse el secuestro, la Policía Nacional activó los protocolos institucionales previstos para este tipo de situaciones.

Las autoridades informaron que fueron desplegadas capacidades de inteligencia, investigación criminal y operaciones en terreno con el objetivo de establecer el paradero del patrullero, garantizar su integridad física y avanzar en su pronta liberación.

Hasta el cierre de esta publicación no se había informado sobre contactos con los responsables ni sobre eventuales exigencias relacionadas con el caso.

Una región golpeada por el conflicto armado

La cordillera de Nariño continúa siendo una de las zonas con mayores desafíos de seguridad en Colombia.

En varios municipios convergen economías ilegales asociadas al narcotráfico, corredores estratégicos utilizados por grupos armados y disputas territoriales entre organizaciones ilegales.

Municipios como Policarpa, Cumbitara, Leiva y El Rosario han sido escenario durante los últimos años de enfrentamientos, amenazas, ataques contra la Fuerza Pública y acciones contra la población civil, situación que ha obligado a mantener permanentes operaciones militares y policiales.

La presencia de grupos armados ilegales en esta región ha incrementado el riesgo para quienes desarrollan labores institucionales, especialmente los integrantes de la Policía y el Ejército que deben desplazarse por vías rurales.

Investigación continúa en desarrollo

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para reconstruir con precisión cómo ocurrió la interceptación del vehículo y establecer la participación de los responsables.

De igual forma, los organismos de inteligencia trabajan en la recopilación de información que permita ubicar al patrullero y facilitar su liberación en las mejores condiciones posibles.

Mientras tanto, el caso continúa generando preocupación entre las autoridades regionales debido al impacto que este tipo de hechos tiene sobre la seguridad y el orden público en el departamento de Nariño.